Podemos prepara una Ley que unifique rentas mínimas en una sola prestación

Madrid, 28 abr (EFE).- Podemos prepara una proposición de ley que permita unificar en una sola renta garantizada de ingresos mínimos las diferentes prestaciones que existen actualmente y que a su vez sea compatible con las rentas mínimas ya vigentes en algunas Comunidades Autónomas.

El secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha avanzado, en una entrevista a EFE, que están estudiando el diferente abanico de prestaciones y ayudas que se reciben por desempleo para analizar cuáles se podrían unificar en una sola renta que garantice recursos, de al menos 650 euros mensuales, a los hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza.

La proposición de ley, que Podemos confía que sea debatida este año en el Pleno del Congreso, profundizaría en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Renta Mínima que actualmente se debate en la Comisión de Empleo, y que pide la creación de unos ingresos mínimos de 426 euros para parados sin recursos que buscan empleo.

Álvarez ha explicado que su formación analiza generalizar para todo el territorio una renta que se podría complementar con las ayudas de ingresos mínimos acordadas en algunas autonomías como el País Vasco o Navarra, pero que incluyera elementos que no desincentiven la búsqueda de empleo ni la desigualdad de trato entre ciudadanos de un territorio u otro.

Se trataría de establecer una renta que se fuera reduciendo progresivamente a medida que se encuentra un empleo pero que al mismo tiempo garantice que se llega a los 650 euros mensuales.

"No tiene sentido que uno pierda una prestación si encuentra un empleo de bajos ingresos", afirma, al tiempo que señala que podría ser compatible con la autonomía fiscal que tienen las regiones.

No obstante, afirma que las prestaciones ligadas al trabajo cotizado no deberían desaparecer pero que otras, como el plan Prepara, podrían ser eliminadas para ser asumidas en esta nueva renta garantizada.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contempla entre sus 2.100 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la implantación de esta renta así como la iniciativa de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros en 2020 o la vinculación del IPC a la revalorización de las pensiones, que calculan en 2.200 millones.

Precisamente, sobre la subida del 1,6 % de las pensiones para 2018 pactada entre el PNV y el Gobierno, Álvarez advierte de los riesgos que han asumido los nacionalistas vascos al posicionarse junto al Gobierno y a Ciudadanos en los Presupuestos.

En su opinión, el PNV no puede "abrir la puerta y dar oxígeno" a Ciudadanos que aboga por unas políticas que "suponen la mayor ola recentralizadora" que vive el país ya que le provocará un serio problema en el futuro de cara a la propia autonomía fiscal del País Vasco.

"El PNV no hace bien apoyando los Presupuestos de la fuerza política más corrupta y que va de la mano de una muleta, que es Ciudadanos y que plantea una fuerte recentralización de las competencias transferidas a los territorios. Está comprando oxígeno hoy para tener un serio problema mañana (...) y pone en cuestión los acuerdos territoriales que ha tenido nuestro país", ha aseverado.

El dirigente económico de Podemos lamenta que el PNV "navegue" entre contradicciones.

Por otra parte, en torno al debate en el marco del Pacto de Toledo para consensuar una fórmula que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, Álvarez considera que "todavía hay camino por recorrer" pero se muestra abierto a que una vez ligada la revalorización al IPC, las pensiones puedan incrementarse también vía salarios o productividad.

Ve un "brindis al sol" el planteamiento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de querer cerrar el déficit de la Seguridad Social en un plazo de 3 o 4 años y señala que para ello hay que derogar la reforma laboral del PP y, entre otras cosas, terminar con los contratos temporales.

Para garantizar más ingresos al sistema apunta un destope de las cotizaciones máximas que en ningún caso iría ligado al aumento de la pensión más alta, además de apostar por eliminar las actuales bonificaciones sociales de las empresas, que "restan ingresos a las arcas de la Seguridad Social".

Álvarez advierte de la necesidad de una profunda reforma fiscal que sea más progresiva porque rebajas "de 30 euros al mes" o deducciones como las que contemplan los presupuestos son "zanahorias electorales".

Tampoco ve con buenos ojos que sean las empresas las que decidan a través del Impuesto sobre Sociedades destinar el 0,7 % al tercer sector de ámbito estatal ya que -en su opinión- debería ser la administración pública la que defina la orientación de esa recaudación, que también podría ir dirigida a desarrollar la innovación o a un plan de transición energética.