Polémica por la Ley del Medicamento Veterinario en España: Restricciones y protestas

Recientemente ha surgido un conflicto entre el Gobierno de España y los profesionales veterinarios debido a la aplicación del Real Decreto 666/2023, más conocido como la Ley del Medicamento Veterinario. Esta normativa impone restricciones en la prescripción y dispensación de medicamentos, especialmente antibióticos, lo que ha generado preocupación en el sector.

El decreto, que nace de un reglamento de la Unión Europea, busca regular el uso de fármacos para evitar la resistencia a los antibióticos, pero su aplicación en España ha sido particularmente estricta. Veterinarios y dueños de mascotas han expresado su descontento, argumentando que la normativa pone en riesgo la salud de los animales al limitar las opciones de tratamiento.

Origen y aplicación de la normativa que ampara la nueva Ley del Medicamento Veterinario

La base de esta legislación es el Reglamento UE 2019/6, aprobado por el Parlamento Europeo para controlar la fabricación, distribución y uso de medicamento veterinario. El objetivo principal es evitar la resistencia bacteriana provocada por el uso indiscriminado de antibióticos en animales de granja, una situación que podría repercutir en la salud humana.

Aunque este reglamento se aplica en todos los países de la Unión Europea, cada Estado tiene cierto margen para su implementación. En el caso de España, el Gobierno ha optado por una aplicación más rigurosa, estableciendo normas como la obligación de realizar un cultivo bacteriano antes de prescribir ciertos antibióticos y la prohibición de que los veterinarios dispensen medicamentos en sus propias clínicas. Estas restricciones no están presentes en todos los países europeos, lo que ha generado un fuerte rechazo en el sector.

El conflicto ha cobrado relevancia en las últimas semanas tras la muerte de una perra llamada Selva en Galicia. Selva sufrió una mordedura grave y, debido a la normativa vigente, los veterinarios solo pudieron administrarle antibióticos de amplio espectro mientras esperaban los resultados del cultivo bacteriano. Lamentablemente, el retraso en el tratamiento adecuado derivó en una sepsis que terminó con su vida.

Otro caso que ha encendido los ánimos es el de un veterinario en Baleares, quien ha sido sancionado con una multa de 90.000 euros por dispensar un medicamento veterinario sin cumplir con el protocolo establecido. Aunque no es la primera multa impuesta bajo esta ley, sí es la primera sentencia firme, lo que ha aumentado la preocupación entre los profesionales del sector.

Impacto en la profesión veterinaria y en los dueños de mascotas

Las restricciones impuestas por la ley afectan no solo a los veterinarios, sino también a los dueños de mascotas. La obligación de obtener determinados medicamento veterinario exclusivamente en farmacias puede suponer retrasos en tratamientos urgentes, especialmente durante festivos o fuera del horario comercial. Además, el coste adicional de los cultivos bacterianos encarece los tratamientos, lo que ha llevado a muchos a considerar que la salud de los animales se está convirtiendo en un lujo.

Los veterinarios también denuncian que esta normativa los coloca en una situación ética compleja: cumplir la ley y arriesgar la vida de un animal o saltársela y exponerse a sanciones económicas severas. Andreu Oliver, presidente de la patronal de clínicas veterinarias de Baleares, ha explicado que, en algunos casos, se ven obligados a utilizar antibióticos menos eficaces antes de poder recurrir a los adecuados, lo que compromete la efectividad del tratamiento.

Exigencias del sector y movilizaciones

Ante esta situación con la nueva Ley del Medicamento Veterinario, veterinarios y asociaciones de protección animal han salido a las calles en diversas ciudades de España para exigir la modificación o derogación del Real Decreto 666/2023. Reclaman que se les devuelva la capacidad de decidir sobre el tratamiento de sus pacientes sin que las restricciones burocráticas pongan en peligro la salud de los animales. También piden una reducción del IVA veterinario, actualmente en un 21%, para facilitar el acceso a la atención médica de las mascotas.

Las movilizaciones se han llevado a cabo bajo el lema "Salvar una vida no debería ser un delito", en referencia a las dificultades que esta Ley del Medicamento Veterinario impone en el ejercicio de la profesión veterinaria. La comunidad veterinaria insiste en la necesidad de una regulación que garantice la salud pública sin poner en riesgo la vida de los animales y sin menoscabar la labor de los profesionales del sector.