Rato confía su defensa en caso Bankia al continuo control de los supervisores

Madrid, 27 dic (EFE).- El expresidente de Bankia Rodrigo Rato apelará ante la justicia a la "fiscalización" de los supervisores, el Banco de España y la CNMV, en Bankia, entidad "monitorizada" que cumplió "en todo momento con cuantos requerimientos, recomendaciones y directrices le fueron dirigidos" desde estas instituciones.

Así consta en su escrito de defensa, en el que reitera que tanto la integración de las siete cajas, como la formulación de las cuentas y la posterior salida a Bolsa y el desarrollo de Bankia y de su matriz, BFA, fueron "objeto de análisis y supervisión por las autoridades competentes en cada materia", a las que "correspondía velar por la correcta aplicación de las normas vigentes".

Remite de este modo a la actuación del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyos altos funcionarios fueron apartados de la causa por la Audiencia Nacional tras considerar que su actuación "nunca podría encajar en términos penales de cooperación o complicidad" al ser la elaboración de las cuentas una obligación "exclusiva y excluyente" de los administradores.

En el documento, al que ha tenido acceso Efe, Rato explica que si éstos no "han sido sujeto de reprobación, es señal inequívoca de que su actuación fue correcta y, necesariamente, la de los administradores de las entidades, al observar los mandatos y recomendaciones de aquellas instituciones".

Al respecto asegura que los gestores del grupo "no tenían prácticamente ninguna flexibilidad para contabilizar los deterioros en una forma distinta a la que lo hicieron" en el momento de la creación de Bankia, "minuciosamente supervisada por el Banco de España".

El ex director gerente del FMI descarta así las acusaciones por falsedad contable y rechaza las conclusiones de los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez, que el pasado mayo ratificaron ante el juez instructor Fernando Andreu que las cuentas empleadas por Bankia para su debut "no reflejaban su imagen fiel".

Un hecho que, en opinión de ambos expertos, "hace falsas todas las cuentas de BFA individuales y consolidadas desde las de 2010, las de constitución del SIP (fusión de las cajas), a las reformuladas de 2011", y la información contenida en el folleto informativo.

Ahora el exministro alude al peritaje de parte realizado por catedráticos de la Universidad Carlos III de Madrid, que sostienen que los estados financieros empleados por Bankia para la operación "no contenían errores".

El escrito destaca que "ha quedado plenamente acreditado que existían provisiones genéricas y específicas suficientes" ante eventuales deterioros, como explica la Fiscalía Anticorrupción, que reconoce que la entidad disponía a marzo de 2011 de 3.027 millones de euros, fondos "materialmente suficientes".

Sobre el folleto, aprobado por la CNMV, dice que incluía una "información clara y exhaustiva sobre los riesgos de la inversión", entre ellos "la exposición al mercado inmobiliario español (que representaba el 16,6 % del riesgo crediticio)" y la liquidez "dado que en un escenario de tensiones o crisis en los mercados, Bankia podía verse en dificultades para acudir y disponer de activos líquidos".

Respecto a las pruebas a practicar en una vista aún pendiente de fecha, el exministro pide los informes relacionados con la solicitud de inyección de fondos públicos por parte de Bankia y la comparecencia de todos los peritos.

Después de cinco años de instrucción, el juez Andreu abrió juicio oral el pasado 17 de noviembre a Rato y otras 34 personas, entre ellas el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, así como la propia entidad, su matriz y la firma auditora Deloitte.

Además de Rato y Olivas, sobre quienes pesan las peticiones más elevadas de la Fiscalía -cinco y cuatro años de cárcel-, figuran el exconsejero José Manuel Fernández Norniella -tres años- y el ex consejero delegado Francisco Verdú -dos años y siete meses-, por fraude a inversores.

Solicitudes que aumentan hasta los doce años de cárcel en el caso de las acusaciones particulares y populares, que atribuyen a los 35 un presunto delito de falsedad contable.