11/03/2019 - 13:17
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Madrid, 11 mar (EFE).- El expresidente del Banco Popular Ángel Ron acusa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de desplegar una maniobra de "clara autoprotección" frente a posibles responsabilidades penales por la ampliación de capital de 2016, abriéndole un expediente sancionador por las cuentas de ese año.
Ron, cuya gestión está siendo investigada por la Audiencia Nacional, defiende que el organismo fue "testigo directo de los hechos que ahora pretende cuestionar", y señala directamente a su presidente, Sebastián Albella, quien en su etapa al frente del despacho de abogados Linklaters "analizó y examinó" los estados contables y participó como asesor en el visto bueno a la operación.
Según su versión, la CNMV, que llamaba "con frecuencia informalmente", fue informada "en todo momento de todos y cada uno de los pasos que dieron lugar a la ampliación de capital", e incluso llegó a recibir un informe detallado sobre el proceso de comercialización.
También tuvo conocimiento de la auditoría trimestral de las cuentas realizadas por PwC, del informe sin salvedades, y del trabajo de KPMG sobre las provisiones para créditos e inmuebles, apunta en su escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 4 al que ha tenido acceso Efe.
Por ello, insta al juez a que tome testimonio de Albella para que pueda "exponer su posición cuando reforzó con su dictamen la decisión del consejo de administración".
El banquero afea además que la CNMV, que en su expediente realiza "una serie de alegaciones descontextualizadas", obvie advertir de "que el banco tenía unas provisiones totales superiores a lo que la norma requería", ya que presentaba un superávit de 184 millones de euros frente a los 123 millones de déficit.
En su opinión, el supervisor "introduce un cúmulo de juicios de valor injustificados y criterios sorprendentes e incoherentes con su actuación".
Sobre las sospechas sobre la posible ocultación de pérdidas de 2016 tras la venta del ladrillo del banco planteadas por la CNMV, Ron sostiene que los descuentos acordados por el Santander en la "operación Blackstone" estaban justificados y obedecían a razones de oferta y demanda.
En concreto, el descuento adicional alcanzó los 1.144 millones a tenor de las estimaciones de la entidad, la cual sostuvo que los deterioros en la cartera de inversiones en dependientes del primer semestre de 2017, unos 2.650 millones, tendrían su origen en la venta acelerada y al por mayor de los activos de sus filiales.
Con todo, el organismo recomendó el pasado julio una revisión de auditoría adicional de la información financiera de ese periodo a fin de comprobar si el registro de las pérdidas por la cartera de préstamos y del "ladrillo" se ajustaba a la legalidad.
Para Ron, la CNMV oculta "de forma torticera" la aplicación de la normativa del Banco de España y los trabajos de auditoría, tanto externa como interna, los cuales se saldaron con un "resultado favorable".
El pasado octubre, el supervisor abrió un expediente sancionador al expresidente del banco y su equipo por una infracción "muy grave" al suministrar datos inexactos o no veraces en las cuentas anuales de 2016.
Sin embargo, en un comunicado informaba de que había decidido suspender su tramitación al haber un proceso penal abierto por los mismos hechos.
El expediente se circunscribe a los aspectos contables que fueron comunicados al mercado el 3 de abril de 2017 en un hecho relevante en el que el Popular anunciaba ajustes de hasta 630 millones en las cuentas del ejercicio 2016, tras una auditoría interna a su cartera de crédito y la operativa de la ampliación.
Calculaba entonces que bastarían entre 500 y 550 millones, y que tal ajuste se recogería durante el primer semestre de ese año, por lo que descartaba la reformulación apenas dos meses antes de ser resuelto a instancias de Europa.
La documentación relativa a este expediente ya obra en poder del juez José Luis Calama, quien la ha declarado secreta hasta la apertura del juicio oral.
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