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Con las cuentas públicas ya aprobadas tras intensas negociaciones parlamentarias, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se dispone a afrontar una segunda parte de la legislatura en la que los proyectos con sello propio cobren verdadero protagonismo, tras dos años iniciales con ERC y los Comuns marcándole la pauta.
Los socios de investidura, sin embargo, ya le han advertido de que no eche las campanas al vuelo tras sacar adelante los primeros presupuestos de Cataluña de su mandato, ni dé por sentado de antemano que llegará al año 2028 sin sobresaltos institucionales. El Govern socialista puede tener cuerda para rato, pero sigue gobernando en una estricta minoría parlamentaria, un factor de inestabilidad evidente que condicionará por completo el rumbo político del Ejecutivo catalán de cara a las próximas citas.
La relación a tres bandas se pondrá a prueba en el nuevo ciclo electoral de septiembre
La frágil relación a tres bandas se pondrá formalmente a prueba a partir del mes de septiembre en función del ritmo real de cumplimiento de los múltiples compromisos pactados durante la investidura. Entre estas carpetas destacan el despliegue de la nueva financiación autonómica, las inversiones estratégicas en infraestructuras y las medidas urgentes sobre vivienda social. Asimismo, la gobernabilidad se verá afectada porque se avecina un complejo ciclo electoral en todo el país. Tanto las elecciones municipales en el horizonte cercano como unas elecciones generales fuertemente condicionadas por las complejas causas judiciales que acechan al Gobierno central de Pedro Sánchez serán una auténtica prueba de estrés definitivo para la suma parlamentaria con la que, hasta ahora, el PSC ha logrado gobernar con relativa tranquilidad la Generalitat.
La encrucijada de la financiación singular y el futuro de los presupuestos de Cataluña
La nueva financiación para la comunidad autónoma se decide formalmente en el Congreso de los Diputados, pero impactará de lleno en la estabilidad interna de la región en función de su desenlace. Si la nueva ley llega a buen puerto y acaba aprobándose en Madrid, las relaciones institucionales entre Salvador Illa y ERC saldrán notablemente fortalecidas. Por el contrario, si la operación parlamentaria fracasa, los lazos políticos se resentirán de inmediato. El gran problema que afrontan hoy socialistas y republicanos es que necesitan imperativamente el voto de Junts en la Cámara Baja, y ahora mismo ese respaldo está muy lejos de estar garantizado, abriendo un escenario de incertidumbre total para los vigentes presupuestos de Cataluña.
La financiación tiene una derivada económica trascendental en clave puramente catalana. Si se acaba materializando lo pactado, la Generalitat dispondrá de 4.700 millones de euros extraordinarios, lo que se convertirá en un poderoso aliciente para que el Govern encuentre nuevos socios dispuestos a validar los próximos presupuestos de Cataluña, ya que la administración catalana dispondrá de más dinero público para invertir y más inversiones territoriales que reivinar ante la ciudadanía. De lo contrario, si no se consigue esa inyección económica, con toda probabilidad las cuentas que el jueves aprobó el Parlament serán las primeras y las últimas de toda la legislatura actual, bloqueando cualquier intento de prorrogar o diseñar nuevos presupuestos de Cataluña.
La vivienda en el centro de la agenda: los Comuns exigen frenar la especulación
Por su parte, la actual presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, fue sumamente clara cuando, justo antes de pulsar el botón del 'sí' definitivo, verbalizó que su gran prioridad política es marcar la agenda del Govern en materia de vivienda, condicionando el apoyo de su grupo a los futuros presupuestos de Cataluña. Las advertencias dirigidas al Ejecutivo indican que no se trata solo de construir más pisos públicos, sino de intervenir con firmeza el mercado inmobiliario y, muy especialmente, de sancionar con severidad a quienes incumplan la ley para saltarse los topes de precios establecidos por la normativa.
Los Comuns han recordado al PSC que antes del próximo 31 de julio debería estar aprobada de forma definitiva la norma legal para limitar la compra especulativa de inmuebles, aunque aún no está cerrada la fórmula técnica para hacerlo viable. Asimismo, han acusado a la Generalitat de mostrarse excesivamente benévola con los infractores del sector porque las multas ejemplares están tardando en llegar. Habrá que ver si la dirección general de disciplina de vivienda, cuya creación está pendiente de materializarse, pondrá remedio a este evidente desencuentro antes de que el Govern intente negociar los próximos presupuestos de Cataluña.
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