El Gobierno de España aprobó la distribución de más de 198 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar programas que atiendan a las familias y combatan la pobreza infantil.
Un estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha demostrado que el 62,2 % de la población española no cuenta con servicios sociales dignos, un 21 % más que en 2020.
De darse el cierre desde la Comunidad de Madrid a estos centros, serían los primeros clausurados por un consejero, que, además, conoce de primera mano, la situación de las personas con discapacidad.
