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Washington, 29 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hoy a la carga para presionar al Congreso sobre su plan de infraestructuras, y se mostró abierto a la posibilidad de que el Legislativo apruebe su propuesta por fases, en vez de un paquete conjunto.
Trump, que acudió a la localidad de Richfield, a las afueras de Cleveland (Ohio), a dar su discurso sobre la reconstrucción del país ante un grupo de trabajadores locales, renovó así el impulso para presionar a los congresistas sobre su propuesta de infraestructuras, valorada en un total de 1,5 billones de dólares.
"Transformaremos nuestras carreteras y puentes de una fuente de frustración sin fin, a una fuente de orgullo absolutamente increíble", dijo el mandatario ante la audiencia.
"No hay mejor lugar para comenzar esta campaña que aquí mismo". en Ohio, en este sitio de capacitación de vanguardia; han hecho un trabajo fantástico en este edificio, donde las formidables capacidades del trabajador estadounidense se han forjado y refinado", agregó.
Pero el mandatario también reconoció las dificultades que puede hallar en el Congreso para llevar a cabo una reestructuración masiva de la infraestructura de la nación, por lo que aceptó estar abierto a un enfoque más fragmentado.
"Se puede aprobar en una sola ley, o en una serie de medidas. Lo que importa es que hagamos el trabajo", añadió el magnate, quien insistió en el impacto en la creación de empleo que tendría su plan, calculado por la Casa Blanca en unos 414.000 trabajadores más en los próximos diez años.
A pesar del agresivo impulso de la Administración para el plan del presidente y del apoyo nacional para arreglar las carreteras, conexiones y abastecimientos de agua del país, el éxito de Trump en este aspecto parece muy incierto.
Según indicaron altos funcionarios del Gobierno en una conferencia telefónica este miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, está trabajando para presentar la ambiciosa agenda de reconstrucción del multimillonario en varias piezas legislativas más fáciles de negociar en el Congreso.
No obstante, a finales de febrero, el "número dos" de la mayoría republicana en el Senado, John Cornyn, ya sugirió que un aumento en el gasto en infraestructura podría una oferta difícil de vender a los legisladores.
"Creo que va a ser difícil porque tenemos muchas otras cosas que hacer y no tenemos mucho tiempo", dijo el senador.
Aun así, las mismas fuentes de la Casa Blanca, se mostraron optimistas sobre la posibilidad de que algunos de los objetivos del multimillonario puedan aprobarse en diversos "vehículos legislativos" más pequeños.
"Vemos bastante movimiento en el Capitolio en este momento sobre diferentes elementos del plan del presidente -dijeron las fuentes-. Así que creemos que las probabilidades de que algunas piezas de éste se aprueben este año son muy, muy altas", agregaron.
Para alcanzar los 1,5 billones de dólares prometidos, el presidente confía en que el pequeño porcentaje aportado por el gobierno federal sea multiplicado por la labor conjunta de los estados y entidades locales en asociación con el sector privado.
Del total, 200.000 millones de dólares serán fondos federales que el gobernante pedirá directamente al Congreso durante los próximos diez años, y la mitad de estos irán destinados a aquellos estados o localidades a los que les quede poco para completar un proyecto ya en marcha.
El Ejecutivo también quiere invertir 50.000 millones de dólares en zonas rurales, como acceso a banda ancha de internet, y otros 20.000 millones en "programas transformadores" y que plasmen una "visión de futuro".
También se incluirán 20.000 millones de dólares a ampliar su actual programa de préstamos y bonos a empresa privadas con el que actualmente se financian actividades para la renovación de infraestructuras de transporte y de agua, entre otros.
El plan de infraestructura de Trump es su proyecto más ambicioso después de haber logrado aprobar una gran reforma fiscal, con fuertes recortes a las rentas más altas, y su fallido intento por derogar y sustituir la ley sanitaria de su predecesor, Barack Obama.
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