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Buenos Aires, 19 abr (EFE).- Un juez argentino admitió a trámite una demanda colectiva contra el Gobierno por la reciente subida de la tarifa del gas para los usuarios residenciales impulsada por una asociación civil que considera el alza "inconstitucional", confirmaron hoy a Efe fuentes judiciales.
El magistrado Adolfo Gabino Ziulu, titular del Juzgado Federal número 2 de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, aceptó estudiar la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) contra el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ministerio de Energía.
En su resolución, también otorgó a ambas autoridades públicas un plazo de tres días para que emitan un informe sobre las nuevas tarifas.
La asociación civil pidió la "nulidad" de los aumentos de entre el 28 % y el 40 % en las facturas implementados el 1 de abril y solicitó postergarlos hasta mayo.
Ya en 2016, Cepis había demandado al Estado por aumentar las tarifas del gas en hasta un 500 % y, finalmente, la Justicia falló a su favor y ordenó frenar la subida.
La medida se produce en medio de las fuertes tensiones que se han despertado en el arco político tras las subidas de tarifas de los servicios públicos (electricidad, agua, gas o transporte público) -impulsadas desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, en diciembre de 2015-, incluso dentro del propio oficialismo.
De hecho, esta semana, la diputada Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, una de las principales aliadas del Gobierno, presentó un proyecto de resolución para solicitar información al Gobierno por el método con el que se ajustan esos precios.
Esto, unido al rechazo manifestado por los radicales, también integrantes del frente gobernante Cambiemos, hizo que el jefe del Gabinete de ministros, Marcos Peña, convocase esta mañana a ambas fuerzas para mantener una reunión en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
En declaraciones a la prensa tras el encuentro, el jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y presidente del interbloque parlamentario de la coalición oficialista Cambiemos, Mario Negri, señaló que no van a congelar los aumentos aplicados en abril pero que, en la reunión, plantearon implementar un "aplanamiento de la tarifa".
Asimismo, apuntó que abordaron el reclamo de la oposición y los usuarios de realizar un mejor control de las empresas, entes reguladores y distribuidoras y el Ministerio de Energía se comprometió a revisar los criterios de aplicación de multas a los usuarios por el incumplimiento de pagos.
También aseguró que se ratificó la tarifa social y, en ese sentido se iniciará "una campaña de concientización sobre el uso racional del gas" en las provincias y afirmó que se va a convocar "de forma urgente" al consejo federal energético para que haya un compromiso de todas las regiones en los asuntos acordados en la reunión.
El Gobierno, para justificar los aumentos, reitera que durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) se optó por una política de subsidios que estancó durante años la actualización de las tarifas y provocó una grave crisis energética fruto de la desinversión en el sector.
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