La Unidad Valenciana de Emergencias se creó sobre el papel pero nunca operó

En medio de las crisis provocadas por fenómenos meteorológicos extremos, como las DANAs que han golpeado el levante español, la gestión política de las emergencias se coloca bajo la lupa ciudadana. En este contexto, ha resurgido con fuerza el debate sobre la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un organismo que, según a quién se pregunte, era una herramienta vital desmantelada por sectarismo ideológico o un gasto superfluo eliminado por eficiencia administrativa.

Para entender la polémica, es necesario acudir a los hechos verificados. Según el análisis publicado por Newtral, la realidad es que la Unidad Valenciana de Emergencias existió legalmente, pero nunca llegó a estar operativa. Fue una estructura creada en el último suspiro de una legislatura y eliminada en el primer aliento de la siguiente, convirtiéndose en el símbolo de dos modelos opuestos de entender la gestión pública en la Comunidad Valenciana.

Nacimiento y muerte de la Unidad Valenciana de Emergencias: una vida administrativa de meses

La Unidad Valenciana de Emergencias fue un proyecto impulsado por el anterior gobierno de coalición del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem). Su creación se oficializó mediante un decreto aprobado en febrero de 2023, apenas unos meses antes de las elecciones autonómicas. El objetivo sobre el papel era ambicioso: crear un mando único y una estructura moderna que garantizara la coordinación rápida de todos los recursos disponibles (bomberos, protección civil, sanitarios) ante catástrofes naturales, inspirándose en el modelo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) nacional.

Sin embargo, la Unidad Valenciana de Emergencias nació con el tiempo en contra. Entre su aprobación legal y el cambio de gobierno tras las elecciones de mayo, no hubo tiempo material para dotarla de personal, infraestructura o presupuesto operativo real. Cuando el nuevo gobierno de Carlos Mazón (PP y Vox) tomó posesión, se encontró con un organismo que existía en el Boletín Oficial pero no en la calle. En noviembre de 2023, cumpliendo una de sus promesas de campaña, el nuevo Consell derogó el decreto de creación por la vía de urgencia, enterrando el proyecto antes de que pudiera dar sus primeros pasos.

¿Era un "chiringuito" innecesario?

La justificación del gobierno de Mazón para eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias fue económica y operativa. Desde el primer momento, el Partido Popular calificó al organismo de "chiringuito". El argumento central era que la UVE no aportaba ni un solo bombero más, ni una sola autobomba adicional al sistema. Según el actual ejecutivo, se trataba de una estructura burocrática "ficticia" que solo serviría para colocar cargos a dedo y duplicar competencias que ya tenían los consorcios provinciales de bomberos y la propia dirección general de Emergencias.

La consellera de Justicia e Interior en aquel momento defendió la derogación alegando que la coordinación se podía mejorar simplemente optimizando los recursos existentes, sin necesidad de crear una nueva agencia pública que engordara el gasto de la administración. Para el gobierno de Mazón, la Unidad Valenciana de Emergencias era el ejemplo de una "grasa administrativa" que debía ser recortada para destinar esos recursos a otras partidas. Esta visión choca frontalmente con la de la oposición, que defiende que la UVE era necesaria para adaptar la respuesta de la comunidad al cambio climático, centralizando el mando y evitando la dispersión de responsabilidades entre provincias y municipios.

Qué hubiera hecho la UVE si hubiera estado activa

El debate contrafactual es inevitable: ¿Habría cambiado algo en la gestión de las recientes inundaciones si la UVE hubiera existido? La respuesta técnica es compleja. Dado que el organismo no llegó a estar activo, no tenía personal propio ni capacidad de despliegue. Si no se hubiera derogado, en 2025 la UVE estaría todavía en una fase de implementación, tratando de integrar al personal de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE).

Lo que sí se perdió con su eliminación fue el marco legal para unificar el mando. La UVE pretendía ser el cerebro que coordinara los brazos ejecutores. Sus defensores argumentan que, en situaciones de caos como una gran riada, tener una cadena de mando unificada y clara es tan importante como tener helicópteros. Sus detractores insisten en que esa coordinación ya es responsabilidad del Centro de Coordinación de Emergencias y que añadir siglas no soluciona los problemas de gestión sobre el terreno.

En definitiva, la Unidad Valenciana de Emergencias pasará a la historia política como un proyecto nonato, víctima de los tiempos electorales y de la polarización política. Su breve existencia legal y su rápida supresión ilustran la dificultad de alcanzar pactos de estado (o autonómicos) en materias tan sensibles como la seguridad pública, donde la planificación a largo plazo a menudo sucumbe ante la urgencia del debate político inmediato.