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La lucha contra la violencia de género en España se enfrenta a nuevos desafíos al desglosar los datos de las poblaciones más vulnerables. El informe ‘Mujeres especialmente vulnerables a la violencia en la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2024’ ha arrojado luz sobre una realidad preocupante: las mujeres con discapacidad acreditada, con un grado igual o superior al 33 %, sufren niveles de agresión mucho más altos que el resto de la población femenina. En concreto, el 14,8 % de este colectivo ha padecido episodios de violencia física a lo largo de su vida a manos de alguna de sus parejas, en comparación con el 9,7 % registrado entre las mujeres sin discapacidad.
Este documento, que busca profundizar en la información proporcionada por la macroencuesta nacional, amplía el espectro de análisis para comprender cómo la interseccionalidad —la suma de diversas condiciones de vulnerabilidad— afecta a la seguridad de las mujeres. Según el estudio, la desprotección y la dificultad de acceso a los recursos de denuncia hacen que este grupo poblacional se encuentre en una situación de riesgo constante que requiere una intervención institucional específica.
Grados de discapacidad y la prevalencia de la violencia física
La presentación de estos resultados tuvo lugar este jueves y contó con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza. Durante el acto, se enfatizó que la gravedad de la situación es proporcional a la limitación funcional de la víctima. Los datos muestran de forma clara que la prevalencia de la violencia física aumenta de manera alarmante a medida que se incrementa el grado de discapacidad de la mujer, situándose en el 13,4 % entre aquellas con un grado de entre el 33 % y el 64 %, y escalando hasta el 18,2 % entre las mujeres con un grado del 65 % o superior.
Esta correlación indica que las mujeres con mayores necesidades de apoyo son, en muchos casos, más dependientes de sus agresores, lo que facilita el control y la impunidad de la violencia física ejercida sobre ellas. La cifra del 18,2 % en el grupo de gran discapacidad supone casi el doble de la prevalencia que en las mujeres sin discapacidad, lo que subraya una brecha de seguridad inaceptable en una sociedad democrática.
El informe no se limita únicamente a este colectivo. El estudio analiza minuciosamente la violencia que sufren también las mujeres gitanas, las nacidas en el extranjero, las jóvenes de entre 16 y 24 años y las mayores de 65 años o más. El objetivo principal es identificar los patrones específicos de la violencia física en cada uno de estos segmentos para adaptar los protocolos de protección y las campañas de sensibilización a sus realidades cotidianas.
En el caso de las mujeres jóvenes, por ejemplo, los agresores suelen utilizar herramientas digitales para el control, pero la violencia física sigue siendo un componente traumático presente en las relaciones abusivas tempranas. Por otro lado, las mujeres mayores de 65 años presentan barreras culturales y generacionales que dificultan la identificación de las agresiones, perpetuando situaciones de abuso durante décadas en el ámbito doméstico sin que lleguen a computar en las estadísticas oficiales de denuncia.
Compromiso institucional y accesibilidad del 016
La ministra Ana Redondo destacó que conocer estos datos es el primer paso para "no dejar a ninguna mujer atrás". La macroencuesta 2024 refleja que la violencia no es un fenómeno aislado, sino una estructura que se ceba con quienes tienen menos recursos de defensa o mayores barreras comunicativas. Por ello, el Ministerio se ha comprometido a reforzar la accesibilidad de los servicios del 016 y a formar a profesionales del ámbito de la discapacidad para detectar de forma temprana cualquier indicio de maltrato en sus usuarias.
Finalmente, Martínez Perza recordó que el informe es una herramienta política fundamental. Al visibilizar que una de cada cinco mujeres con gran discapacidad ha sido víctima de violencia física, el Estado se ve obligado a reformular sus estrategias de acogida y soporte psicológico. La vulnerabilidad no es una característica intrínseca de la discapacidad, sino una consecuencia de un entorno que no protege adecuadamente a quienes más lo necesitan frente a la agresión sistémica.
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