Así es la norma exprés que permite desalojar una 'okupación' en un mes

La vivienda okupada sigue siendo un caso que preocupa en España, especialmente en vacaciones, cuando se producen más casos de ocupaciones ilegales de pisos vacíos, de propietarios de segundas residencias o cualquier otra casuística. A lo largo de 2020 se produjeron 14.675 denuncias al respecto, un 41 % más que en 2015, según datos del Ministerio de Interior recogidos por 20 Minutos.

En junio de 2018 el Senado aprobó de forma definitiva una norma por la que se agilizaría el proceso de 'desokupación', la Ley 5/2018, de 11 junio, que introducía cambios en la Ley 1/2000, de 7 de enero, Enjuiciamiento Civil. La ley fue llevada a cabo a partir de una iniciatva de PDeCat en el Congreso de los Diputados con el apoyo de PNV, PP y Ciudadanos y los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y ERC.

Normativa para recuperar una vivienda okupada

El objetivo de la nueva Ley era agilizar el procedimiento de desahucio tanto a los propietarios de vivienda okupada, como a entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas. Así, el dueño puede denunciar la ocupación por la vía penal y por la civil con el fin de recuperarla de forma inmediata. Los ocupantes, que no están obligados a presentar identificación, tienen un plazo de cinco días para justificar que pueden estar en la vivienda, como una escritura o un contrato de alquiler. De no poder justificarlo, el juzgado autoriza el desahucio.

"Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda”, indica la norma, que añadía que “la sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548", en referencia al plazo que estimaba la Ley 1/2000. Diversos medios como El País y 20 Minutos indican que la recuperación del inmueble se lleva a cabo en un periodo de 30 días desde que se presenta la demanda civil.

Cataluña registra más de la mitad de los casos de vivienda okupada

En 2020 se produjeron 13.006 casos de ocupación en España. Más de la mitad de ellos (6.259) se produjeron en Cataluña, mayormente en Barcelona (4.527). La Comunidad Autónoma que menos casos registró fue Galicia, con 151. En febrero de 2019 había más de 87.000 viviendas okupadas en todo el territorio nacional, según datos del Instituto Cerdà recogidos por El País.

Ante este problema social han llegado a surgir empresas de desokupación que estudian cada caso y con las que el inquilino puede solicitar recuperar su vivienda, por medio de lo que deberían ser vigilantes de seguridad identificados y un equipo de abogados.

La okupación, un problema social con polémica

Una de las promesas de José Luis Martínez-Almeida (PP) en las elecciones que ganó a Manuela Carmena (Más Madrid) para la alcaldía de Madrid en 2019, fue precisamente agilizar los desahucios por okupaciones en la capital. "No va haber un solo okupa que viva con cargo a sus impuestos en edificios municipales", declaró tres meses antes de las elecciones, que ganó con los apoyos de Vox y Ciudadanos.

Su campaña no solo hacía mención a las ocupaciones ilegales de vivienda sino también a centros sociales autogestionados (CSO) en locales cerrados o sin actividad durante muchos años donde vecinos y diferentes colectivos han llevado a cabo actividades como talleres, debates o iniciativas como huertos urbanos. En este sentido, el candidato del PP ha seguido políticas muy a la contra de la anterior alcaldesa, más permisivas, que llegó a ceder temporalmente locales abandonados a los vecinos.

Hay casos sonados como La Ingobernable, un CSO que tras años de debate finalmente acogerá una biblioteca y un centro de salud a propuesta de la oposición actual (PSOE y Más Madrid), los votos en contra de Vox y la abstención de PP y Ciudadanos, aunque según recabó eldiario.es habría un plan para ceder el local a una fundación privada de arte contemporáneo.

También se construirá un centro de salud en el solar del Patio Maravillas, en el pleno barrio céntrico de Malasaña, autogestionado desde 2010 y donde se producían actuaciones de participación vecinal como cines de verano y talleres.

En julio de 2020 el Ayuntamiento desocupó La Yaya, otro centro social, este situado en el barrio de Argüelles, donde diversos grupos actuaban en directo, aunque no tenía licencia y reunía quejas de los vecinos por "ruidos, suciedad y enfrentamientos", según recogió Telemadrid.

En este sentido, la Concejalía de Desarrollo Urbano puso en marcha un plan antiocupación de 1,5 millones de euros en Tetuán y Villaverde. A través de este plan el consistorio demolió, por ejemplo, unas naves en ruinas en la calle San Norberto, en Villaverde Alto, que se encontraban okupadas y donde, según El Mundo, se vendía droga.

A veces los desalojos se producen por problemas estructurales y de salubridad en los edificios, como el del Palacio Infanta Carlota, en la calle Luna 32 de Madrid, de titularidad pública desde 2011 y donde viven más de 200 vecinos, incluyendo menores. Algunos de ellos aseguraban en noviembre de 2020, antes de un intento de desalojo, que no les habían propuesto alternativa de alojamiento más allá de uno temporal de hasta tres meses, tal y como recogió Luh Noticias.

Hay casos incluso en los que lo que muchos definen como 'okupación' se produce en lugares de rentas bajas o donde existen conflictos vecinales. Por ejemplo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) medió en un caso ocurrido a principios de junio por el que aseguraba que los okupas de un bloque en la calle Carrasco i Formiguera, en Lleida, donde se iban a producir desalojos por violencia generalizada, "no son violentos y se les está criminalizando", ante lo que exigió que se estudiara "cada caso de okupa para ofrecerle atención personalizada".

Es importante, por tanto, poner el centro de atención en las personas y estudiar a fondo la gravedad de cada situación, ya que puede incluirse en el saco de 'okupa' a colectivos muy desfavorecidos.