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El reciente acuerdo de Gobierno entre Partido Popular y Vox en Extremadura ha generado un intenso debate social, especialmente en lo relativo a las políticas migratorias. Tras analizar con detenimiento los puntos pactados, diversas voces de la sociedad civil han compartido una serie de reflexiones críticas que invitan a examinar no solo el contenido del acuerdo, sino también sus implicaciones éticas, legales y sociales.
Es incuestionable que las fuerzas políticas están llamadas a dialogar, negociar y alcanzar acuerdos en el marco democrático. Sin embargo, no todo puede formar parte de esa negociación. Existen líneas rojas claras: los derechos humanos no deben convertirse en moneda de cambio. Cualquier pacto institucional debe respetar estos principios fundamentales, ya que constituyen la base del Estado de derecho.
El poder del lenguaje y la deshumanización que surge en las políticas migratorias
Uno de los aspectos más preocupantes del discurso político actual es el uso del lenguaje. Las palabras no son neutrales y, cuando se utilizan de forma inadecuada, pueden contribuir a despersonalizar y criminalizar a colectivos vulnerables.
En este sentido, resulta incorrecto calificar a una persona como “ilegal”. En España, ninguna persona es ilegal; en todo caso, puede encontrarse en situación administrativa irregular. Migrar es un derecho humano y no constituye delito alguno, algo que puede comprobarse fácilmente en el Código Penal.
Asimismo, el uso del término “MENAS” ha sido ampliamente criticado por su carácter deshumanizador. Se trata, en realidad, de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, menores que requieren protección y cuidado, no etiquetas que los reduzcan a una sigla.
Frente a la narrativa que presenta la migración como una amenaza masiva, los datos oficiales muestran una realidad muy distinta. En Extremadura, el número de menores migrantes tutelados no supera los 150, mientras que el Gobierno central ha establecido una cifra de 364. Resulta difícil sostener que estas cifras puedan poner en riesgo la seguridad o el empleo juvenil en la región.
Quizá el foco que consideran PP y VOX con sus políticas migratorias debería situarse en otro problema estructural: la continua salida de jóvenes extremeños en busca de oportunidades laborales en otros territorios. La migración, en este caso, forma parte también de la historia y la realidad de Extremadura.
Además, es importante recordar que el proceso migratorio es especialmente duro para quienes lo viven en edades tempranas. Detrás de cada cifra hay historias de desarraigo, dolor y supervivencia.
Bulos, miedo y convivencia
El acuerdo no solo ha traído polémica con las políticas migratorias, también ha sido acusado de alimentar bulos que generan miedo en la sociedad. Uno de ellos es la asociación entre migración y delincuencia. Sin embargo, los datos desmienten esta relación.
Se critica, por ejemplo, la confusión intencionada entre menores migrantes no acompañados y menores que cumplen medidas judiciales, siendo estos últimos en su mayoría de nacionalidad española. También se cuestiona la vinculación entre migración y ocupación ilegal de viviendas, una relación que no refleja la realidad extremeña.
Frente a estos discursos, se reivindica la convivencia y la responsabilidad institucional de garantizar una acogida digna, especialmente en el caso de menores bajo tutela.
Otro punto controvertido es la acusación hacia organizaciones sociales que trabajan con personas migrantes. El acuerdo de las políticas migratorias sugiere que estas entidades reciben fondos públicos para colaborar con redes ilegales, una afirmación considerada grave e infundada.
Lejos de intimidar, estas acusaciones han reforzado el compromiso de dichas organizaciones, que aseguran que continuarán su labor en defensa de los derechos humanos, promoviendo la solidaridad y la cohesión social.
El foco en los padrones municipales ha sido recibido con cierta ambivalencia. Aunque se teme que su uso pueda servir para criminalizar, también se señala que podría visibilizar una realidad ignorada: muchas personas migrantes encuentran dificultades para empadronarse, a pesar de ser un derecho fundamental que permite acceder a servicios básicos.
El acuerdo con las políticas migratorias de PP y VOX también ha sido cuestionado por incluir medidas que exceden las competencias autonómicas, aludiendo a cuestiones que corresponden al Estado. En el ámbito regional, como la tutela de menores, se recuerda que la administración tiene la obligación de garantizar su protección y tramitar adecuadamente sus permisos de residencia.
Además, se critica la propuesta de reforzar las pruebas de edad, recordando que la legislación establece que solo deben realizarse cuando no existe documentación válida.
Propuestas polémicas: burka y cultura
Entre las medidas del acuerdo que incluyen las políticas migratorias más controvertidas se encuentra la propuesta de prohibir el uso del burka o nicab en espacios públicos. Esta iniciativa ha sido calificada como islamófoba, machista e ilegal, ya que vulneraría derechos fundamentales como la libertad religiosa y la libertad personal. Además, esta regulación no corresponde al ámbito autonómico.
También se ha criticado la intención de eliminar el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, una decisión que contrasta con los más de ocho siglos de influencia árabe en la historia de Extremadura.
Un llamamiento a la sociedad
Finalmente, se hace un llamamiento a la ciudadanía extremeña para implicarse activamente en la defensa de los derechos humanos. La migración no es un fenómeno ajeno: forma parte de la historia de la humanidad y de la identidad colectiva.
Las críticas al acuerdo y a las políticas migratorias en Extremadura no solo expresan preocupación, sino también una voluntad de transformar la indignación en acción social. Se reivindica una Extremadura inclusiva, donde nadie sea considerado “el otro” y donde la diversidad sea entendida como una riqueza.
El reto, concluyen, es estar a la altura de estos valores. Esa, dicen, debería ser la verdadera prioridad.
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