El alquiler dispara el riesgo de pobreza en España

El último avance del XVI Informe Anual El Estado de la Pobreza, elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España), dibuja un escenario complejo: aunque los indicadores no empeoran respecto al año anterior, el volumen de personas afectadas sigue siendo muy elevado. El estudio se basa en los datos más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y analiza la conocida tasa Arope, que mide el riesgo de exclusión social junto con otros factores como la necesidad monetaria, la carencia material y social severa y la baja intensidad laboral.

Según el documento, el 25,7 % de la población residente en España, unos 12,6 millones de personas, vive en este riesgo de exclusión social. Por su parte, la tasa de exclusión social alcanza el 19,5 %, encadenando tres años consecutivos de descenso progresivo. Esto significa que cerca de 9,6 millones de personas viven con ingresos inferiores a 12.220 euros al año por unidad de consumo, lo que equivale aproximadamente a 1.018 euros mensuales

Desde EAPN España destacan que la ausencia de un empeoramiento ya es un dato positivo, especialmente en algunos grupos sociales donde se observa una mejora moderada. Por ejemplo, la situación de exclusión infantil desciende ligeramente, pasando del 29,2 % en 2024 al 28,4 % en 2025. También mejora la situación de las personas jubiladas, cuya tasa baja del 13,9 % al 13 % en el mismo periodo.

Sin embargo, la organización alerta de que estas reducciones son insuficientes para rebajar de forma significativa el nivel general de necesidad, que se mantiene en torno al 25 % de la población desde hace más de diez años. Este estancamiento preocupa especialmente en un contexto marcado por el crecimiento económico y cifras récord de empleo durante 2025, factores que no han logrado reducir de forma sustancial la vulnerabilidad social.

Vivienda y alquiler: un factor clave en la vulnerabilidad

Uno de los datos más preocupantes del informe se centra en el impacto del alquiler en la situación económica de las familias. Cuatro de cada diez personas que viven en régimen de alquiler a precio de mercado se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, la carencia material y social severa es mucho más frecuente entre quienes alquilan: el 17,8% no puede afrontar bienes esenciales, frente al 5,1 % de quienes poseen vivienda en propiedad.

La subida continuada de los precios del alquiler afecta especialmente a la población con menos ingresos, que se ve obligada a destinar una gran parte de su presupuesto a la vivienda. Como consecuencia, el 63,9 % de las personas que viven de alquiler tiene dificultades para llegar a fin de mes. Ante esta situación, EAPN España insiste en la necesidad de reforzar políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda, como el impulso del alquiler social, el control de precios o el aumento del parque público, que en España representa solo el 2,5 % frente al 9 % de media en la Unión Europea.

La publicación del informe coincide con el debate parlamentario sobre la prórroga del decreto que suspende los desahucios de familias vulnerables dentro del llamado “escudo social”. La organización reclama que esta moratoria se convierta en una medida estructural para evitar desalojos sin alternativa habitacional y garantizar una protección real a las personas en riesgo.

Además, pide una mayor implicación de las administraciones públicas para aplicar políticas que refuercen la estabilidad económica de las familias vulnerables, así como aumentar la inversión en vivienda pública y mecanismos de apoyo social.

Pobreza infantil y desigualdades familiares persistentes

Aunque algunos indicadores mejoran, la situación de la infancia sigue siendo preocupante. En España, uno de cada tres menores, unos 2,7 millones, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Las familias monoparentales siguen siendo especialmente vulnerables: el 50,6 % vive en esta situación.

Desde EAPN España se insiste en que las mejoras registradas no deben ocultar la gravedad del problema. Según su presidente, Carlos Susías, los niveles de necesidad infantil siguen siendo muy altos y están estrechamente relacionados con la falta de apoyo a las rentas familiares. La organización recuerda que aún no se ha implantado una prestación universal por crianza, una medida presente en otros países europeos y recomendada por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La Red advierte de que la cronificación de la pobreza es incompatible con una sociedad que aspira a garantizar condiciones de vida dignas. Por ello, reclama políticas más intensas, amplias y permanentes que vayan más allá de medidas temporales. También señala que la derogación del decreto del “escudo social” dejó en el aire herramientas clave para contener la escasez y pone en riesgo la continuidad de medidas destinadas a proteger a trabajadores con salarios bajos.

Según datos previos del informe de EAPN España, alrededor de 2,5 millones de personas viven en esta situación pese a tener empleo. Ante este escenario, la organización pide reactivar el Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, incorporar políticas fiscales más redistributivas y aprobar con urgencia la prestación universal por crianza.

Desigualdad territorial: una brecha que persiste

El avance del informe también confirma las diferencias entre comunidades autónomas. Mientras el País Vasco presenta una tasa de riesgo de pobreza o exclusión del 14,7 %, Andalucía alcanza el 34,7 %. Esta desigualdad territorial condiciona la calidad de vida de la población según el lugar de residencia.

EAPN España considera imprescindible una mayor cooperación entre administraciones para reforzar la cohesión social y territorial. Entre las propuestas destacan complementar el ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas, garantizar el acceso y mantenimiento de la vivienda y aumentar la inversión social para reducir las desigualdades entre regiones.

En conjunto, el informe refleja una realidad compleja: aunque algunos indicadores mejoran ligeramente, millones de personas siguen atrapadas en situaciones de vulnerabilidad. El reto, según la organización, pasa por adoptar medidas estructurales que permitan avanzar hacia una sociedad más justa y con mayores garantías de bienestar para todos.