Lectura fácil
La comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, ha dejado clara la postura de la Comisión Europea respecto a la gestión de los lobos: no puede autorizarse su caza si ello compromete el estado de conservación de la especie. Esta afirmación se produce en respuesta a una cuestión planteada en el Parlamento Europeo por representantes de Podemos y Alianza Verde, quienes trasladaron su preocupación por la muerte de cachorros de lobo ibérico en Cantabria el pasado mes de enero.
El asunto llegó a las instituciones europeas tras la denuncia de la organización Fondo Lobo, que alertó de posibles irregularidades en las actuaciones autorizadas por el Gobierno autonómico. Según estas denuncias, la denominada “mortalidad colateral” derivada de estas prácticas podría haber superado los límites fijados en el Plan de Gestión del Lobo de Cantabria, además de vulnerar la normativa comunitaria en materia de conservación.
Dudas sobre el cumplimiento de la normativa europea con la caza de lobos
En su intervención, las formaciones políticas solicitaron a la Comisión Europea que analizara si las actuaciones en Cantabria contravenían la legislación comunitaria, en particular la Directiva Hábitats. Recordaron, además, que los lobos ibéricos se encuentran en un estado de conservación desfavorable, lo que, según la normativa europea, debería impedir tanto su caza como cualquier forma de control letal.
La respuesta de Roswall subraya que las poblaciones de lobos situadas al norte del río Duero están incluidas en el anexo V de la Directiva Hábitats. Esto implica que, aunque su explotación puede ser permitida bajo ciertas condiciones, los Estados miembros están obligados a garantizar que dicha explotación no ponga en riesgo el mantenimiento de la especie en un estado de conservación favorable.
Los datos más recientes aportan un contexto preocupante. Según el último informe sexenal remitido por España a la Comisión Europea, correspondiente al periodo 2013-2018, el lobo ibérico ya presentaba un estado de conservación desfavorable en Cantabria. A día de hoy, España aún no ha entregado el informe actualizado que cubre el periodo 2019-2024, lo que añade incertidumbre sobre la situación real de la especie.
Por otro lado, el censo nacional más reciente, elaborado entre 2021 y 2024 con la colaboración de las comunidades autónomas y la coordinación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estima que existen 333 manadas de lobos en todo el país. Esta cifra refleja un estancamiento en la evolución de la población durante la última década.
Los expertos señalan que este número está lejos del umbral de seguridad, fijado en torno a las 500 manadas, necesario para garantizar la viabilidad genética y poblacional del lobo a largo plazo. Este desfase entre la situación actual y el nivel considerado seguro refuerza las advertencias sobre la necesidad de extremar las precauciones en su gestión.
Revisión de datos y preocupación institucional
Ante este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica ha solicitado a las comunidades autónomas con presencia de lobo ibérico que actualicen o ajusten los datos disponibles. Esta petición responde a factores recientes como los incendios forestales del pasado verano y la aplicación de distintos planes autonómicos de control cinegético.
La ministra Sara Aagesen trasladó recientemente a Roswall su inquietud por la falta de rigor científico en algunos de los datos sobre la especie. Esta cuestión resulta clave, ya que el informe sexenal que España debe remitir a la Comisión Europea debe basarse en información precisa y contrastada.
Desde Bruselas, la comisaria ha asegurado que la Comisión sigue de cerca la evolución del caso y que está a la espera de recibir el informe actualizado por parte de España.
En su respuesta parlamentaria, Roswall ha sido contundente: las autoridades nacionales o regionales no pueden autorizar la caza de lobos si el conjunto de factores, incluyendo cupos autorizados, capturas adicionales, muertes colaterales y caza ilegal, pone en peligro el estado de conservación favorable de la especie.
Esta declaración supone un recordatorio explícito de las obligaciones que impone la normativa europea y marca límites claros a las políticas de gestión que puedan adoptar las comunidades autónomas.
Reacciones políticas y llamamiento a la protección
Desde el ámbito político, Juantxo López de Uralde valoró la respuesta de la Comisión Europea como un respaldo a las denuncias presentadas. Según señaló, es la segunda ocasión en la que Bruselas da la razón a quienes critican las actuaciones de algunas comunidades autónomas en materia de gestión del lobo.
No obstante, López de Uralde también lamentó que las consecuencias de estas prácticas sean irreversibles: los ejemplares de lobos muertos no pueden recuperarse y la especie continúa amenazada. En este sentido, insistió en la necesidad urgente de reforzar su protección legal para evitar que la caza continúe.
El dirigente ecologista concluyó advirtiendo que, aunque el reconocimiento europeo es un paso positivo, resulta imprescindible actuar con rapidez para garantizar la supervivencia del lobo ibérico. De lo contrario, alertó, podría llegarse a un punto en el que las medidas de conservación lleguen demasiado tarde.
Añadir nuevo comentario