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Los centros especiales de empleo (CEE) nacieron con el objetivo de facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad, ofreciendo oportunidades adaptadas a sus necesidades. Sin embargo, cada vez más testimonios ponen en cuestión el funcionamiento de algunos de estos centros, especialmente aquellos con ánimo de lucro, al señalar prácticas que podrían estar contribuyendo a una mayor desigualdad laboral.
Jesús (nombre ficticio) es uno de esos trabajadores que denuncia esta situación. Lleva tres años empleado en el sector servicios a través de un CEE en Zaragoza y asegura que, pese a desempeñar exactamente las mismas tareas que otros trabajadores sin discapacidad, su salario apenas alcanza el mínimo interprofesional. Según explica, la empresa para la que trabaja factura más de 3.000 euros mensuales por su puesto, mientras se beneficia de subvenciones públicas y bonificaciones en las cotizaciones. “El margen que obtienen es muy alto”, sostiene.
Condiciones laborales y salarios en cuestión de los Centros Especiales de Empleo
El caso de Jesús no es aislado. Matías, otro trabajador con discapacidad, relata una experiencia similar tras haber trabajado durante dos años y medio como conserje en un CEE. Explica que tareas adicionales como sacar la basura se remuneraban a 3,85 euros por hora, sin incluir ningún tipo de compensación por transporte. “Entre ir, hacer el trabajo y volver, se pierde más de una hora por muy poco dinero”, comenta.
Además, denuncia que durante meses no se le abonaron las horas extra realizadas, hasta que decidió reclamarlas. Según la abogada Gemma Ruiz Redondo, este tipo de situaciones se explican en parte porque a los trabajadores de estos centros se les aplica el convenio específico de Centros Especiales de Empleo, que suele ser inferior al convenio del sector en el que realmente prestan servicio. “Esto genera una clara precariedad y abre la puerta a situaciones de explotación”, advierte.
Matías decidió cambiar de empleo y actualmente trabaja en un centro especial de empleo de iniciativa social. Allí asegura que las condiciones son notablemente mejores: cobra las horas extra al doble de la tarifa habitual, dispone de plus de transporte y percibe unos 400 euros más al mes realizando un trabajo similar al anterior.
Vulnerabilidad del colectivo
Muchos trabajadores de estos centros presentan discapacidad intelectual, lo que en algunos casos dificulta la comprensión de aspectos básicos como las nóminas o los derechos laborales. Matías reconoce que nunca revisaba sus recibos salariales porque no entendía bien su contenido. “No los guardaba, y de eso se aprovechan”, afirma.
Esta situación contribuye a una falta de control que puede favorecer abusos. Según los testimonios recogidos, la combinación de baja cualificación, desconocimiento y necesidad de empleo crea un contexto especialmente vulnerable.
Las diferencias salariales entre trabajadores con y sin discapacidad son otro de los puntos críticos. Jesús calcula que, si se le aplicara el convenio correspondiente a su actividad, podría ganar entre 6.000 y 7.000 euros más al año gracias a complementos como peligrosidad o transporte. “A igualdad de trabajo, cobramos menos”, denuncia.
Esta brecha se ha acentuado con el crecimiento del número de Centros Especiales de Empleo, especialmente desde la entrada de empresas mercantiles en el sector. Aunque ya en 1985 se distinguía entre centros con y sin ánimo de lucro, fue en 2013, con la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando se estableció una diferenciación más clara entre los centros de iniciativa social y las empresas privadas. Esta modificación permitió que compañías con fines lucrativos accedieran a subvenciones públicas en igualdad de condiciones.
En Aragón, el número de estos centros ha pasado de alrededor de 40 antes de 2013 a más de 70 en la actualidad.
Subvenciones públicas bajo la lupa
Los Centros Especiales de Empleo reciben importantes ayudas económicas. En Aragón, por ejemplo, se reserva un 6 % de la contratación pública para estas entidades y se financia el 100 % de las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) cuenta con una línea de subvenciones que en 2026 asciende a 19,6 millones de euros.
Estas ayudas pueden cubrir entre el 40 % y el 70 % del salario mínimo, dependiendo del grado de discapacidad y la estabilidad del empleo. Sin embargo, los trabajadores denuncian que estos recursos no se reflejan en una mejora real de sus condiciones laborales.
Jesús también señala carencias materiales en su centro, como el uso de sábanas reutilizadas como material de limpieza o la negativa a proporcionar calzado ortopédico recomendado por un especialista.
La normativa obliga a los Centros Especiales de Empleo a contar con Unidades de Apoyo formadas por profesionales como psicólogos o trabajadores sociales, cuyo objetivo es facilitar la integración y el paso al empleo ordinario. No obstante, algunos trabajadores aseguran que estas figuras son meramente formales.
“En mi centro no existen en la práctica”, afirma Jesús, quien describe un entorno en el que la supervisión se limita al control de la productividad, llegando a situaciones que califica como acoso laboral.
¿Inclusión o perpetuación de la exclusión?
El modelo de los CEE se diseñó como un puente hacia el empleo ordinario, pero diversas voces alertan de que, en muchos casos, se ha convertido en un destino permanente. Según Ruiz Redondo, algunas grandes empresas recurren a estos centros para cumplir con la cuota legal del 2 % de trabajadores con discapacidad, asignándoles puestos poco cualificados y sin perspectivas de mejora.
La legislación aragonesa contempla mecanismos para corregir estas desigualdades, como la obligación de aprobar planes de empleo específicos con revisión periódica. La Ley 5/2019 establece que estos planes deben actualizarse al menos cada cuatro años e incluir una memoria económica detallada.
Alternativas al modelo actual
Frente a este escenario, algunos expertos defienden modelos alternativos como el empleo con apoyo. Según Ruiz Redondo, esta fórmula ofrece una integración más respetuosa y personalizada, adaptándose mejor a las necesidades individuales de cada trabajador.
Aunque también cuenta con financiación pública, esta es menor que la destinada a los Centros Especiales de Empleo. Aun así, la abogada considera que se trata de una opción más alineada con los derechos humanos y la autonomía de las personas con discapacidad.
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