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La calidad del aire que respiran los menores en España ha vuelto a encender todas las alarmas. Un exhaustivo estudio realizado por Ecologistas en Acción y la campaña Clean Cities revela que el 96 % de los centros analizados en 66 municipios españoles supera los niveles máximos de dióxido de nitrógeno (NO2) recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Este contaminante, estrechamente ligado a las emisiones de los tubos de escape de los motores de combustión, se concentra de forma peligrosa en los entornos escolares, convirtiendo los espacios de aprendizaje en focos de riesgo para la salud pública.
La investigación, llevada a cabo entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, monitorizó 412 ubicaciones, incluyendo colegios y otros espacios sensibles como centros de salud y parques. Los resultados son demoledores: la gran mayoría de estos puntos de medición presentan concentraciones de NO2 que ponen en jaque el desarrollo de la infancia. Si bien el porcentaje de incumplimiento desciende al 61 % si se aplican los futuros límites legales de la Unión Europea para 2030, la realidad científica es que casi la totalidad de los centros analizados no ofrecen un aire seguro según los estándares de salud actuales.
La urgencia de monitorizar los entornos escolares para proteger la infancia
El informe, presentado este miércoles, detalla que solo 17 de los 412 puntos analizados logran mantenerse por debajo de los 10 microgramos de NO2 por metro cúbico. Esta cifra es el umbral que la OMS considera seguro para evitar daños a largo plazo. La situación no mejora significativamente en el interior de los edificios: en los 34 centros donde se realizaron mediciones intramuros, el 80 % también rebasó las recomendaciones sanitarias, lo que demuestra que la contaminación de los entornos escolares no se queda en la acera, sino que penetra en las aulas donde los niños pasan la mayor parte del día.
La exposición continuada a estos gases no es una cuestión menor. Ecologistas en Acción advierte que la contaminación atmosférica está directamente relacionada con el aumento de casos de asma infantil, alergias crónicas, enfermedades cardiorrespiratorias y, de manera preocupante, trastornos neurocognitivos. Estos efectos pueden condicionar la salud de los estudiantes durante toda su vida adulta, lo que convierte la pacificación de los entornos escolares en una prioridad política y social de primer orden.
Hacia un modelo de movilidad centrado en la salud
Para revertir esta tendencia y garantizar que los niños respiren un aire limpio, el informe propone una batería de medidas urgentes encaminadas a transformar los entornos escolares en espacios seguros y saludables. La principal recomendación es la "pacificación" total de los alrededores de los colegios, lo que implica restringir drásticamente el tráfico motorizado y limitar la velocidad de circulación a un máximo de 20 km/h en las vías perimetrales.
Además, se hace un llamamiento a las administraciones locales para que utilicen las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de forma valiente. Según la normativa vigente, las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a implementar estas zonas, y los colegios deberían ser el epicentro de estas restricciones. La creación de caminos escolares seguros y carriles bici practicables permitiría a las familias prescindir del vehículo privado, reduciendo así la saturación de coches en las horas de entrada y salida, momento en el que los picos de contaminación en los entornos escolares alcanzan sus niveles máximos.
Naturalización y control ciudadano
Otra de las claves para mejorar la calidad ambiental reside en la naturalización. Sustituir plazas de aparcamiento por espacios verdes o zonas de juego no solo reduce el tráfico, sino que ayuda a filtrar el aire y a mitigar el efecto de isla de calor. Asimismo, el estudio subraya la importancia de controlar y monitorizar de forma constante los niveles de ruido y contaminación en las áreasescolares, haciendo cumplir las normas que penalizan prácticas tan comunes como la doble fila en la puerta de las escuelas.
Finalmente, desde 2022 se han analizado casi 1.000 escuelas en todo el país, y la tendencia es clara: sin una intervención decidida sobre el urbanismo y la movilidad, los entornos escolares seguirán siendo zonas de riesgo. La salud de las próximas generaciones depende de la capacidad de nuestras ciudades para priorizar el bienestar de los más vulnerables frente a la comodidad del tráfico motorizado.
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