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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha insistido en la necesidad de que las administraciones públicas avancen hacia una interpretación más inclusiva y flexible de los llamados “ajustes razonables” en los procesos de acceso al empleo público. Así lo recoge en su Informe Anual de 2025, presentado recientemente en las Cortes Generales y entregado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
El documento plantea un debate de fondo: ¿cómo garantizar la igualdad de oportunidades en las oposiciones y pruebas selectivas a quienes tienen alguna limitación o dificultad funcional, aunque no cuenten con un reconocimiento oficial de discapacidad?
Adaptaciones más allá del 33 % para poder acceder al empleo público
Gabilondo recuerda que numerosos ciudadanos se dirigieron a la institución durante 2025 para denunciar una situación que consideran injusta. En algunas administraciones, los ajustes o adaptaciones en las pruebas solo se conceden a quienes tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Quienes presentan otras dificultades, como trastornos del aprendizaje o problemas de salud que afectan al rendimiento en exámenes, se quedan fuera, pese a que sus necesidades pueden ser igual de reales.
Para el Defensor, este criterio resulta excesivamente restrictivo. Entiende que el reconocimiento administrativo del grado de discapacidad no debería ser el único elemento determinante para recibir apoyo. Reclama que se valore cada caso de manera individual y vinculada al tipo de prueba que se realiza, evaluando si la discapacidad o condición personal realmente afecta al desempeño del examen.
Gabilondo reconoce, sin embargo, que en el campo de la educación sí se ha producido un avance significativo en los últimos años. En la enseñanza obligatoria y en otros niveles educativos, las administraciones han incorporado criterios de equidad y ajustes razonables tanto en la enseñanza como en la evaluación. Estos principios, equidad, igualdad de oportunidades y calidad educativa, han permitido que muchos estudiantes superen sus etapas formativas con adaptaciones personalizadas.
El Defensor lamenta que quienes han alcanzado sus competencias académicas gracias a este tipo de apoyos se enfrenten luego a un muro cuando intentan acceder al empleo público.
“Las mismas circunstancias que se tuvieron en cuenta en su etapa educativa dejan de ser consideradas cuando aspiran a un empleo público”, señala el informe.
La evolución normativa: del rechazo a la aceptación parcial
Ya en 2024, la institución había recomendado a la Secretaría de Estado de Función Pública modificar la Orden PRE/1822/2006, que regulaba los criterios de adaptación en procesos selectivos. Dicha norma solo contemplaba ajustes para las personas con un grado reconocido del 33% o superior.
Aunque la propuesta fue inicialmente rechazada, en 2025 se dio un paso adelante con la aprobación de la nueva Orden PJC/804/2025, de 23 de julio. Esta disposición amplía el marco anterior y permite que aspirantes sin un reconocimiento oficial de discapacidad puedan solicitar determinados ajustes, siempre que acrediten formalmente su necesidad de apoyo.
No obstante, el Defensor considera que la nueva orden todavía se queda corta. Su principal crítica es que limita las adaptaciones posibles, en el caso de quienes no tienen acreditado un grado oficial, únicamente a los medios y a otros apoyos razonables, excluyendo los ajustes de tiempo durante las pruebas.
El informe también analiza cómo están abordando las distintas comunidades autónomas la cuestión. Gabilondo destaca positivamente los avances en Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Madrid y Castilla y León, donde se permite evaluar individualmente la necesidad de adaptaciones, incluso si el aspirante no tiene el 33 % de discapacidad reconocido.
Sin embargo, señala que persisten diferencias notables entre territorios, lo que genera una sensación de desigualdad entre los candidatos. Por eso, el Defensor ha recomendado a la Generalitat Valenciana que adopte criterios similares para sus procesos selectivos de docentes no universitarios, garantizando la valoración caso por caso y la aplicación de ajustes razonables, tanto de medios como de tiempos.
Igualdad, mérito y capacidad: el núcleo del debate
Para el Defensor del Pueblo, lo esencial es que cualquier proceso de selección para el empleo público cumpla los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Pero para que esa igualdad sea real, no basta con eliminar las barreras formales; también hay que atender las circunstancias particulares de cada persona.
En este sentido, Gabilondo propone repensar la definición administrativa de “discapacidad” en relación con las adaptaciones en los procesos selectivos. A su juicio, el umbral del 33 % no debería ser un requisito fijo, ya que se trata de una mera constatación administrativa que no siempre refleja el impacto que una dificultad tiene sobre la capacidad funcional o el rendimiento en una prueba.
Un cambio de paradigma: del modelo médico al modelo social
La reflexión final del informe apunta hacia una transformación de fondo. El Defensor recuerda que, según la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el enfoque debe basarse en el modelo social y de derechos humanos, que considera la discapacidad como una interacción entre las limitaciones personales y las barreras del entorno.
Bajo esta óptica, el objetivo es personalizar los apoyos y eliminar las barreras que impiden la igualdad de oportunidades. Para Gabilondo, esto implica que las administraciones deben analizar cada situación con sensibilidad y rigor, valorando la pertinencia de los ajustes razonables sin depender únicamente del reconocimiento administrativo del grado de discapacidad.
“El paradigma actual nos exige mirar más allá de los números y centrarnos en las personas”, resume el Defensor del Pueblo en un mensaje que busca abrir un nuevo debate sobre cómo garantizar la verdadera inclusión en el acceso al empleo público en España.
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