Lectura fácil
La vicepresidenta saliente del Gobierno y diputada del PSOE, María Jesús Montero, aclaró este miércoles en la sesión de control del Congreso que no renunciará a su escaño ante la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía. La razón, explicó, es estrictamente administrativa: si dejara el Congreso, perdería el derecho a la reserva de su plaza como funcionaria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Antes de iniciar su carrera política, María Jesús Montero desarrolló su labor como médico en hospitales públicos andaluces, entre ellos los hospitales universitarios Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue subdirectora médica entre 2001 y 2002, según su ficha profesional publicada por el PSOE.
Durante la sesión, la diputada del Partido Popular, Maribel Sánchez, acusó a María Jesús Montero de “faltar a la verdad” con respecto a los requisitos legales que permiten mantener la condición de funcionaria al presentarse a unas elecciones. Sánchez recordó que los funcionarios candidatos pueden ser “exentos de incorporarse” a su puesto durante el proceso electoral, según regulaciones vigentes en anteriores convocatorias autonómicas.
Estas excepciones suelen detallarse mediante un decreto del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que regula la participación de empleados públicos en los comicios. En las elecciones autonómicas de 2022, por ejemplo, dicho decreto permitía a los candidatos funcionarios ser “dispensados de prestar servicio en sus unidades” durante la campaña electoral. Esa misma excepción se incluyó también en procesos de 2019 y 2024, tanto autonómicos como europeos.
Qué establece la ley sobre funcionarios y cargos públicos
De acuerdo con el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), los funcionarios que ocupan cargos institucionales como diputados, senadores o miembros de asambleas legislativas autonómicas, se encuentran en situación de “servicios especiales”. En ese estado, según explica Domingo Gallego, profesor asociado de Derecho Público en la Universidad de Málaga, se les reconoce “el derecho a reingresar al servicio activo en la misma localidad y con las mismas condiciones y retribuciones consolidadas”.
En el caso de María Jesús Montero, su escaño en el Congreso la sitúa dentro de este supuesto legal. Si lo abandonara sin ocupar otro cargo institucional, perdería automáticamente esa protección y, con ello, el derecho a conservar su plaza en el SAS. De ahí que la exministra insista en que su continuidad parlamentaria es esencial para mantener sus derechos como empleada pública.
La defensa de María Jesús Montero y el contexto político
María Jesús Montero ha subrayado en varias ocasiones que “la reserva de plaza está vinculada al desempeño de un cargo representativo o institucional”. Añadió que, tras la reciente reestructuración del Ejecutivo anunciada por el presidente Pedro Sánchez oficializada en el BOE el pasado 26 de marzo, su salida del Gobierno obliga a que, si desea mantener su puesto en el sistema público andaluz, deba seguir siendo diputada o tener otro cargo electo.
El razonamiento de la dirigente socialista se apoya, por tanto, en un principio de continuidad dentro de los “servicios especiales” reconocidos a los empleados públicos con cargo institucional. Solo dejando de serlo perdería ese estatus administrativo.
El procedimiento, sin embargo, no está cerrado. Desde la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía no han confirmado aún cuándo se publicará el decreto que regule la participación de funcionarios en las próximas elecciones autonómicas. Tradicionalmente, este documento se aprueba unas semanas antes del inicio de la campaña, lo que deja abierta la posibilidad de que se mantenga la excepción aplicada en anteriores comicios.
Si se repite el mismo esquema, los funcionarios andaluces que concurran a las urnas, como podría ser el caso de María Jesús Montero, podrían ser temporalmente dispensados del servicio, garantizando la conservación de su plaza.
Compromiso político y protección laboral
María Jesús Montero sostiene su escaño en el Congreso no solo por compromiso político, sino también por una cuestión de protección laboral. La normativa estatal y los precedentes autonómicos parecen darle la razón, aunque la última palabra dependerá de la publicación del nuevo decreto andaluz. Hasta entonces, la polémica seguirá navegando entre lo político y lo jurídico, marcando un nuevo capítulo en la relación entre el servicio público y la representación política.
Añadir nuevo comentario