Lectura fácil
La política económica española se prepara para un año de alto voltaje. En un escenario parlamentario fragmentado y complejo, donde cada votación se convierte en una carrera de obstáculos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido cambiar las reglas del juego. Según la información publicada por El Español, el Gobierno no esperará a tener garantizada la aprobación de la senda de estabilidad (el paso previo habitual) para mover ficha. Montero ha confirmado que presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso el próximo mes de febrero, independientemente de si la Cámara tumba o no la senda fiscal.
Este anuncio supone un giro estratégico relevante. Tradicionalmente, aprobar el techo de gasto y la senda de déficit se consideraba el cimiento indispensable sobre el que edificar las cuentas. Sin embargo, ante el riesgo de un bloqueo político persistente por parte de la oposición y las dudas de algunos socios de investidura, Hacienda ha optado por la vía de los hechos consumados: poner los números concretos sobre la mesa y obligar a los grupos a retratarse ante la inversión real y no solo ante objetivos macroeconómicos abstractos.
Un calendario atípico para romper el bloqueo
La decisión de fijar la presentación en febrero responde a una lógica de supervivencia política y económica. Con el año 2025 ya a punto de finalizar, la tramitación de las cuentas para el siguiente ejercicio (o la regularización del actual) no admite más demoras. La estrategia de Montero con los Presupuestos busca evitar que el debate se enquiste en la fase preliminar.
La "senda fiscal" o de estabilidad marca los objetivos de déficit y deuda para el conjunto de las administraciones. Si el Congreso la rechaza (como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores), el Gobierno se ve obligado teóricamente a volver a la casilla de salida o a elaborar unos Presupuestos con una senda anterior, generalmente más restrictiva y exigente. Al anunciar que habrá presentación de Presupuestos "pase lo que pase" con la senda, Montero envía un mensaje claro a sus socios parlamentarios: el Gobierno no va a usar el rechazo a la senda como excusa para retirar las cuentas. Habrá proyecto de ley, y serán los diputados quienes tendrán que decidir si lo tumban en su totalidad mediante enmiendas a la totalidad.
La presión se traslada a los socios: cifras frente a táctica
El movimiento de Hacienda tiene una clara intencionalidad política: trasladar la presión del debate técnico al debate social. Es relativamente fácil para un grupo parlamentario votar en contra de una "senda de estabilidad" alegando discrepancias con el margen de déficit de las comunidades autónomas. Sin embargo, es mucho más difícil votar en contra de un proyecto de Presupuestos que incluye partidas concretas para sanidad, infraestructuras, pensiones o vivienda.
Al presentar las cuentas en febrero, Montero obliga a los partidos a negociar sobre partidas tangibles. La lógica es que, si Junts, ERC, PNV u otros socios quieren conseguir inversiones para sus territorios o políticas sociales específicas, tendrán que entrar a negociar el Presupuesto. Si bloquean la senda fiscal, se arriesgan a que el Presupuesto se elabore con unos objetivos de déficit más duros (los vigentes anteriormente), lo que paradójicamente reduciría el margen de gasto que ellos mismos reclaman. Es una forma de decir: "Si queréis dinero para políticas, dejad pasar el trámite y negociemos las cuentas".
Las consecuencias de un fracaso en febrero
A pesar de la audacia de la maniobra, el riesgo es elevado. Si en febrero el Gobierno presenta los Presupuestos y estos son devueltos por el Congreso, la legislatura entraría en una zona de extrema fragilidad. España se vería abocada a una prórroga presupuestaria dura, lo que limitaría la capacidad del Ejecutivo para desplegar nuevas inversiones, gestionar los fondos europeos remanentes o actualizar ciertas prestaciones más allá de lo básico.
Montero parece dispuesta a asumir ese riesgo para demostrar que el Gobierno tiene iniciativa y no está paralizado por la aritmética parlamentaria. La presentación en febrero se convierte así en el hito que marcará el rumbo político de 2026. Si sale bien, el Gobierno gana oxígeno y estabilidad para el resto de la legislatura. Si sale mal, la sombra de la ingobernabilidad y el adelanto electoral cobrará más fuerza. De momento, Hacienda mantiene el pulso: habrá proyecto de ley, y la pelota estará en el tejado del Congreso.
Añadir nuevo comentario