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A finales del primer trimestre de este año, las cifras del sector avícola en España revelan una realidad preocupante que contradice frontalmente las promesas publicitarias de la última década. Cerca de 12 millones de aves se encontraban, al cierre de marzo, integradas en sistemas de producción que mantienen a las gallinas enjauladas, una situación derivada directamente del incumplimiento de los plazos fijados por las grandes cadenas de supermercados para dejar de comercializar huevos procedentes de este modelo de cría.
Esta es la principal conclusión del informe titulado ‘Compromisos de cartón, sufrimiento en las granjas’, un exhaustivo estudio elaborado por el Observatorio de Bienestar Animal (OBA) con el apoyo de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC). El documento pone de manifiesto que, tras expirar el límite temporal que las propias empresas de distribución se impusieron (fijado mayoritariamente para finales de 2025), la transición hacia un modelo libre de jaulas se ha estancado de forma alarmante en el mercado español.
El impacto del incumplimiento y las gallinas enjauladas
El informe indica que gran parte del sector de la distribución en nuestro país podría haber incurrido en una práctica conocida como ‘welfare washing’ o lavado de imagen usando el bienestar animal como argumento de venta. A pesar de que el 85 % de los consumidores españoles, según datos de un Eurobarómetro de 2023, respalda la prohibición total de las jaulas, la realidad en los lineales de compra es muy distinta. Mientras que la media europea de aves libres de jaulas alcanza ya el 62 %, en España este porcentaje se desploma hasta un escaso 36 %.
La auditoría realizada durante el primer trimestre de este año muestra una brecha insalvable entre tres cadenas que sí han reportado el cumplimiento de su promesa (Carrefour, Aldi y Lidl) y el resto de los gigantes del sector. Mercadona, por ejemplo, lidera las cifras negativas manteniendo a más de siete millones de gallinas enjauladas, debido a un 35 % de incumplimiento en su oferta de huevo fresco y a una ausencia total de compromiso respecto a los huevos utilizados como ingredientes en sus productos de marca propia.
Otros actores relevantes como Consum, con 1,2 millones de gallinas enjauladas, y Ahorramas, que afecta potencialmente a más de un millón de aves al no informar de avances ni contar con compromisos en huevo como ingrediente, agravan la estadística nacional. La cadena Dia presenta un 25 % de incumplimiento, impactando en torno a 910.000 aves, mientras que Eroski registra un 37 % de falta de cumplimiento en huevo fresco y un demoledor 85 % en productos procesados, afectando a unas 895.000 aves.
Hacia un etiquetado transparente
Desde el año 2004, el sistema de etiquetado obligatorio de la Unión Europea permite identificar el método de cría. El código 3, que identifica a las gallinas enjauladas, implica que cada ave dispone de un espacio apenas superior a un folio A4. Esta limitación física impide cualquier comportamiento natural y deriva en estrés crónico, osteoporosis y lesiones graves por el contacto permanente con el metal de las estructuras.
Incluso empresas con porcentajes menores de incumplimiento, como El Corte Inglés (1 %) o Alcampo (29 %), suman cientos de miles de gallinas enjauladas a un sistema que el OBA califica de "insostenible". José Luis Murillo, director general del OBA, es tajante al respecto: “El consumidor elige estos establecimientos creyendo en sus compromisos de responsabilidad, pero los datos demuestran que muchas de estas promesas son papel mojado”.
El OBA y la AUC instan ahora a la ciudadanía a ejercer su derecho a una información veraz, verificando siempre el primer dígito del código impreso en la cáscara del huevo. Solo rechazando activamente el código 3 se podrá presionar a las cadenas para que publiquen hojas de ruta vinculantes. Además, advierten que el retraso en la transición no solo prolonga el sufrimiento de millones de gallinas enjauladas, sino que supone un riesgo financiero y de suministro ante la inminente regulación europea que prohibirá definitivamente este sistema, lo que podría disparar los precios si las empresas no se adaptan antes de que la prohibición entre plenamente en vigor.
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