La ONU alerta sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela

La situación de los derechos humanos en Venezuela continúa sin señales de mejora, según el más reciente balance del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En su actualización oral presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el funcionario trazó un panorama sombrío en el que la represión, las detenciones arbitrarias y la restricción de las libertades fundamentales siguen marcando la vida cotidiana del país.

Desde su último informe, publicado en junio, los avances han sido escasos. Por el contrario, Türk indicó que el Gobierno venezolano ha profundizado las medidas que limitan la libertad de expresión y de reunión pacífica, mientras aumentan los casos de desapariciones forzadas y las presiones económicas sobre una población ya agotada por años de crisis.

Una de las principales alarmas del Alto Comisionado fue la aprobación reciente de leyes que otorgan amplios poderes de emergencia al Ejecutivo. El problema, subrayó, es que el contenido de dichas normas no ha sido publicado de manera oficial, lo que impide toda revisión independiente sobre su compatibilidad con el derecho internacional. Sin transparencia ni supervisión, advirtió, se agranda el margen para arbitrariedades y abusos.

La falta de control institucional refuerza una tendencia preocupante: la creciente militarización de la vida pública. Türk advirtió que este fenómeno está “sofocando las libertades de las personas” y que la represión del espacio cívico se ha intensificado hasta niveles inéditos.

Represión y control social en Venezuela

La Oficina del Alto Comisionado ha recibido denuncias sobre prácticas que reflejan un patrón de control político y social cada vez más extremo. Entre ellas, el reclutamiento forzado de civiles, incluidos adolescentes y personas mayores, para la Milicia Bolivariana, una estructura que actúa en paralelo a las fuerzas armadas regulares.

A ello se suman informes sobre el uso de una aplicación estatal para promover denuncias entre ciudadanos: vecinos, familiares y compañeros de trabajo. Según Türk, esta iniciativa oficial “fomenta el miedo, la desconfianza y la autocensura”, erosionando aún más la posibilidad de una vida pública libre en Venezuela.

Organizaciones no gubernamentales y medios independientes también enfrentan obstáculos crecientes. La ley de supervisión de ONG, aprobada el año pasado, continúa dificultando su labor con requisitos burocráticos y amenazas de sanción. Periodistas, defensores de derechos humanos y figuras opositoras son objeto de acoso, hostigamiento e incluso encarcelamientos arbitrarios. Muchos se ven forzados al exilio para evitar la persecución. “Cuando los periodistas y los defensores se van, la verdad se va con ellos”, lamentó Türk.

El informe da cuenta de condiciones críticas en los centros de detención de Venezuela. La falta de alimentos, medicamentos y atención médica, sumada a la prohibición de recibir visitas familiares, agrava la vulnerabilidad de los reclusos. La Oficina de la ONU ha documentado al menos cinco muertes bajo custodia vinculadas a las elecciones presidenciales de 2024. Uno de esos casos es el de Alfredo Díaz, dirigente opositor, cuyo estado de salud se habría deteriorado gravemente antes de su fallecimiento en prisión.

Otra tendencia preocupante es el traslado de detenidos a lugares desconocidos, lo que podría constituir desapariciones forzadas. Centros emblemáticos como El Helicoide, el Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro siguen siendo señalados por mantener a personas incomunicadas, sin acceso a abogados o familiares.

Pese a estos hechos, el Alto Comisionado reconoció la liberación de 51 personas en los últimos meses, aunque subrayó que se trata de avances insuficientes. Exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos por motivos políticos, incluidos familiares y adolescentes retenidos desde los comicios.

El deterioro de los derechos humanos se ve agravado por una crisis económica que no da tregua. Datos del Fondo Monetario Internacional advierten que Venezuela podría cerrar 2025 con una inflación del 270 %. Mientras tanto, el salario mínimo mensual es más de mil veces inferior al costo de la canasta básica. En este contexto, muchas familias deben optar entre alimentar a sus hijos o comprar medicamentos esenciales.

Türk reiteró su llamado a revisar las sanciones internacionales que recaen sobre el país. Si bien reconoció las preocupaciones que las originaron, insistió en que las grandes sanciones sectoriales castigan sobre todo a los sectores más pobres. “Es necesario considerar su levantamiento o modificación para aliviar el sufrimiento de la población”, señaló.

Tensiones externas y riesgo de confrontación

El Alto Comisionado también advirtió sobre la creciente presión militar y diplomática de Estados Unidos hacia Venezuela. Recordó que, históricamente, cuando las tensiones se intensifican, quienes más sufren son los ciudadanos comunes. Por ello, instó al gobierno estadounidense a priorizar mecanismos legales internacionales para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, evitando medidas que puedan agravar la crisis humanitaria.

Asimismo, pidió a los países que albergan a migrantes y refugiados venezolanos fortalecer los programas de protección internacional, pues millones de personas continúan saliendo del país en busca de seguridad y oportunidades.

Sin presencia internacional, con esperanza de diálogo

Una de las preocupaciones finales expresadas por Türk fue la retirada del personal internacional del Alto Comisionado en Venezuela, tras el fracaso de los intentos por restablecer su presencia. Sin observadores sobre el terreno, la capacidad para monitorear violaciones y acompañar a las víctimas se reduce considerablemente.

Aun así, el funcionario reafirmó su disposición a mantener un diálogo constructivo con las autoridades venezolanas. “El sufrimiento del pueblo venezolano debe terminar”, concluyó, en un mensaje que combina denuncia y esperanza.

La comunidad internacional observa con preocupación un país atrapado entre la represión política, el colapso económico y la pérdida de garantías básicas. Si algo dejó claro el informe de Türk es que, sin reformas profundas y voluntad de cooperación, el retroceso en materia de derechos humanos seguirá marcando el futuro inmediato de Venezuela.