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Entre enero y septiembre de 2025, las bajas de trabajadores por no superar el periodo de prueba han alcanzado una cifra histórica: 766.223 personas dejaron su empleo por esta causa, un 1,8 % más que en el mismo periodo del año pasado. Nunca antes, desde que existen registros comparables (2012), se había llegado a una cifra tan alta.
Este dato contrasta con lo que ha ocurrido con los despidos tradicionales, que en esos mismos meses sumaron 773.246. Aunque siguen siendo más numerosos, han caído un 3,1 % respecto al año anterior, marcando el primer descenso desde 2021.
La combinación de ambos fenómenos deja un titular sorprendente: casi la mitad de las extinciones de contratos (el 49,7%) se deben al periodo de prueba, una proporción que alimenta las dudas sobre si algunas empresas podrían estar utilizando esta figura para abaratar el coste de rescindir contratos.
La sospecha central es conocida: tras la reforma laboral que disparó la contratación indefinida, hay empresas que firman contratos fijos “de mentira”. Es decir, contratos que, en lugar de finalizarse con un despido y su correspondiente indemnización, se extinguen durante el periodo de prueba sin coste económico para la empresa.
Sin embargo, los datos indican que esta estrategia no nació con la reforma laboral, sino que ya se utilizaba antes. Y además afecta no solo a trabajadores indefinidos, sino también a temporales.
La Inspección de Trabajo pone el foco en este posible fraude
El Gobierno conoce el problema y lo ha incluido como prioridad en su plan estratégico de la Inspección de Trabajo hasta 2027. El objetivo es reforzar el control cuando las empresas utilizan el periodo de prueba para evitar declarar un despido o pagar la indemnización que marca la ley.
A esto se suma otro elemento pendiente: la transposición de la directiva europea de condiciones laborales transparentes, que prevé limitar la forma en que las empresas aplican el periodo de prueba. Esta normativa lleva casi dos años bloqueada en el Congreso.
Desde el Ministerio de Trabajo, algunas voces han sugerido que las estadísticas no diferencian si la baja por periodo de prueba la decide el trabajador o el empleador. Pero esto es incorrecto.
El Sistema RED, que usan las empresas para notificar altas y bajas a la Seguridad Social, distingue ambas situaciones desde 2012.
Las bajas por periodo de prueba registradas en clave 85 corresponden exclusivamente a decisiones del empresario. Las que decide el trabajador se clasifican como dimisiones. Esto permite confirmar que el aumento se debe a decisiones empresariales, no a renuncias voluntarias.
Crecen tanto los despidos como las bajas durante el periodo de prueba
Si observamos la evolución desde 2019 (excluyendo 2021 por la distorsión de la pandemia), los despidos han aumentado un 76 %. Y dentro de ese aumento destacan los empleados con contrato indefinido:
- Las bajas de indefinidos han subido un 12 %.
- Los despidos propiamente dichos han crecido un 135 %.
Este patrón demuestra que el auge de la contratación indefinida viene acompañado de más rotación y, en muchos casos, de usos cuestionables de la fase de prueba.
Aunque parezca contradictorio, la fase de prueba también está afectando a los trabajadores temporales. En 2025, el 70,7% de las bajas por tiempo de prueba se produjeron entre empleados temporales, frente al 24,4% que representaban en 2019.
Resulta llamativo porque la causa más habitual de finalización de un contrato temporal es su caducidad. Pero incluso así, el fase de prueba ha llegado a superar a los despidos entre los temporales.
Aquí se esconde un detalle importante: extinguir un contrato temporal también exige una indemnización, aunque sea menor (12 días por año trabajado). Por tanto, recurrir al fase de prueba permite a la empresa no pagar ni esa cantidad reducida.
Al analizar la serie histórica desde 2013, se ve que tanto los despidos como las bajas por fase de prueba llevan años creciendo, y que este fenómeno no empezó con la reforma laboral.
Incluso en 2022, el año inmediatamente posterior a la reforma, hubo más contratos extinguidos por fase de prueba que por despido. Y esto ya había ocurrido en años anteriores, incluidos varios antes de la pandemia.
En el fondo, la tendencia refleja una estrategia empresarial que se aplica a cualquier contrato que implique indemnización, ya sea indefinido o temporal.
¿Por qué no se reguló antes esta situación?
El fase de prueba no se endureció en la reforma laboral por la misma razón que el despido no se modificó: buscar un acuerdo con la patronal.
Además, el periodo de prueba está regulado en los convenios colectivos, donde empresarios y sindicatos pueden negociar su duración. Limitar esta capacidad, como propone la directiva europea, ha generado resistencias y es uno de los motivos por los que la legislación permanece bloqueada.
El Gobierno confía en que la Inspección de Trabajo pueda reducir este tipo de abusos, que ya se consideran uno de los principales puntos débiles de la reforma laboral.
Pero los datos demuestran que el problema no es nuevo y que sus raíces se hunden en prácticas habituales desde hace más de una década.
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