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El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, ha instado al Gobierno a abordar una reforma del Código Penal con el objetivo de ampliar la protección legal frente a situaciones de abandono. En concreto, la propuesta se centra en incluir de forma expresa a las personas con discapacidad física que dependen de cuidados de terceros, un colectivo que actualmente no está plenamente cubierto por la legislación vigente.
La petición ha sido trasladada mediante una carta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En dicho escrito, el magistrado subraya que la normativa actual presenta una laguna que podría suponer una discriminación por razón de discapacidad física, algo incompatible con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por España.
Una laguna legal con implicaciones constitucionales para la discapacidad física
El núcleo del problema radica en la redacción actual del artículo 229 del Código Penal, que regula el delito de abandono. Según explica Martínez Arrieta, este precepto limita su ámbito de protección a menores de edad y a personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, dejando fuera a quienes padecen discapacidades físicas graves.
Esta exclusión, según el presidente de la Sala de lo Penal, carece de justificación razonable. Desde una perspectiva jurídica, supone una vulneración del artículo 49 de la Constitución española, que obliga a los poderes públicos a garantizar la protección de las personas con discapacidad. Asimismo, contraviene el artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece el derecho de estas personas a no sufrir explotación, violencia o abuso.
El magistrado insiste en que esta situación genera una desigualdad de trato que solo puede ser corregida mediante una intervención legislativa. Es decir, corresponde al Parlamento modificar la norma para adaptarla a los estándares actuales de protección de derechos.
Dependencia y riesgo: argumentos para la reforma
Uno de los puntos clave de la propuesta es el reconocimiento de que la discapacidad física grave puede generar un alto grado de dependencia. En estos casos, las personas afectadas requieren cuidados constantes para realizar actividades básicas de la vida diaria.
Martínez Arrieta señala que el abandono de estas personas puede tener consecuencias especialmente graves, ya que pone en riesgo bienes jurídicos fundamentales como la vida o la integridad física. Desde esta perspectiva, no existe una diferencia sustancial entre la situación de una persona con discapacidad intelectual y la de una persona con discapacidad física severa que depende de terceros.
Este argumento refuerza la necesidad de equiparar la protección penal de ambos colectivos, evitando así vacíos legales que puedan dejar desprotegidas a personas especialmente vulnerables.
El respaldo de una sentencia reciente
La solicitud de reforma no surge de manera aislada, sino que está respaldada por la sentencia 69/2026, dictada el 2 de febrero por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En esta resolución, el alto tribunal acordó trasladar al Gobierno la conveniencia de modificar el Código Penal en los términos señalados.
El caso analizado en dicha sentencia resulta especialmente ilustrativo. El tribunal estimó el recurso presentado por una mujer que había sido condenada por desatender a un hombre al que cuidaba, quien presentaba un grave deterioro físico. Finalmente, la acusada fue absuelta, ya que los magistrados consideraron que la conducta no encajaba en el tipo penal vigente.
La resolución pone de manifiesto las limitaciones del artículo 229 en su redacción actual, ya que impide sancionar determinadas conductas de abandono cuando la persona afectada no encaja en las categorías expresamente contempladas por la ley.
Hacia una adaptación del marco legal
La iniciativa del Tribunal Supremo se enmarca en un contexto más amplio de adaptación del ordenamiento jurídico a los estándares internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad física. En los últimos años, España ha llevado a cabo diversas reformas para reforzar la autonomía y la protección de este colectivo, aunque aún persisten áreas susceptibles de mejora.
La eventual reforma del Código Penal permitiría cerrar una brecha importante en la protección jurídica, garantizando que todas las personas en situación de dependencia, independientemente del origen de su discapacidad física, estén amparadas frente a conductas de abandono.
En definitiva, la propuesta trasladada por Martínez Arrieta al Gobierno no solo responde a una necesidad técnica, sino también a una exigencia de justicia material: asegurar que el sistema penal protege de forma efectiva a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
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