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La escalada de precios derivada de la crisis internacional provocada por la guerra en Irán está generando una creciente preocupación en el sector social español. Según advirtió este jueves Plena Inclusión España, el incremento de los costes energéticos y de los productos básicos podría poner en riesgo la sostenibilidad de miles de centros y servicios que prestan apoyo a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en todo el país.
La organización alertó de que actualmente cerca de 4.000 centros y servicios que atienden a más de 150.000 personas podrían verse afectados por el encarecimiento generalizado de los costes. Ante esta situación, la entidad reclamó a las administraciones públicas una intervención urgente que garantice la continuidad de estos apoyos, considerados esenciales para la calidad de vida de este colectivo y sus familias.
El aumento de los costes presiona al sector social
Desde la confederación explican que el aumento del precio de los carburantes, la electricidad y otros bienes básicos está elevando de forma notable los gastos de funcionamiento de las organizaciones que gestionan servicios sociales. Este encarecimiento impacta directamente en el mantenimiento de residencias, centros ocupacionales, programas de apoyo y otros recursos fundamentales para las personas con discapacidad intelectual.
Según la organización, la situación económica actual compromete seriamente la estabilidad de una red de atención que opera en todo el territorio nacional. Los costes asociados al transporte de usuarios, el mantenimiento de instalaciones o el consumo energético han aumentado de manera significativa en los últimos meses, lo que reduce el margen de actuación de las entidades que dependen en gran medida de financiación pública.
La presidenta de la confederación, Carmen Laucirica, subrayó que el sector arrastra además una situación de fragilidad acumulada tras varias crisis consecutivas. A su juicio, la actual subida de precios no es un problema aislado, sino un nuevo episodio que se suma a años de dificultades económicas que han ido deteriorando progresivamente la estabilidad financiera de las organizaciones.
Una red de 950 asociaciones que trabajan por la discapacidad intelectual bajo presión
Plena Inclusión recordó que su estructura está formada por 950 asociaciones repartidas por todo el país, entidades que actualmente operan por la discapacidad intelectual y del desarrollo en un escenario marcado por la incertidumbre económica. Estas organizaciones deben afrontar no solo el incremento de los costes energéticos y materiales, sino también otros factores que influyen en su presupuesto.
Entre ellos destacan las subidas salariales derivadas del convenio colectivo del sector, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y los gastos asociados al cumplimiento de distintas obligaciones legales y administrativas. Todo ello incrementa el gasto estructural de las entidades, que en muchos casos dependen de contratos o conciertos con administraciones públicas cuyos precios se revisan con poca frecuencia.
Desde la confederación señalan que las revisiones anuales de tarifas o presupuestos que realizan las administraciones no están siendo suficientes para compensar el incremento real de los costes. Esto provoca un desfase entre la financiación recibida y el gasto necesario para mantener los servicios en funcionamiento.
Nuevos modelos de atención requieren más recursos
A la presión económica se suma además el proceso de transformación que está experimentando el modelo de atención a las personas con discapacidad. En los últimos años se han impulsado cambios normativos que buscan avanzar hacia sistemas de apoyo más personalizados y centrados en la comunidad.
Estas reformas promueven, entre otros aspectos, la desinstitucionalización, la reducción de medidas restrictivas en los servicios, la participación activa de las personas usuarias en las decisiones que les afectan y una mayor presencia en la vida comunitaria.
Desde el sector se valora positivamente esta evolución del modelo, ya que se alinea con los principios de inclusión y autonomía que defienden las organizaciones sociales. Sin embargo, también advierten de que su aplicación requiere recursos adicionales, tanto humanos como materiales.
Las entidades sostienen que implantar estos cambios sin una financiación adecuada puede dificultar su desarrollo efectivo. En ese sentido, insisten en que avanzar hacia servicios más personalizados implica contar con más profesionales, adaptar instalaciones y reforzar programas comunitarios.
Petición de un plan estatal de fortalecimiento
Ante este escenario, Plena Inclusión España ha solicitado la puesta en marcha de un plan estatal de fortalecimiento del sector social. El objetivo sería garantizar la continuidad de los servicios y asegurar que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo sigan recibiendo los apoyos que necesitan.
Entre las medidas que propone la organización se encuentra la equiparación salarial del personal que trabaja en entidades sin ánimo de lucro con las condiciones existentes en el sistema público de servicios sociales. También reclama la creación de mecanismos estables de revisión y actualización de precios que tengan en cuenta la evolución real de los costes.
Asimismo, la confederación considera necesario que las tarifas de financiación pública se basen en costes reales de prestación de los servicios. A esto se añadiría la promoción de inversiones destinadas a modernizar instalaciones, renovar equipamientos y mejorar las condiciones de los centros.
Servicios esenciales dentro del sistema de protección social
Plena Inclusión insiste en que la red de apoyos que gestiona forma parte del sistema de protección social del país. A través de sus centros y programas se ofrece atención diaria, acompañamiento y oportunidades de inclusión a miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Por ello, la organización advierte de que una financiación insuficiente podría poner en peligro la continuidad de estos servicios. Si la situación económica continúa deteriorándose sin medidas de apoyo adicionales, existe el riesgo de que algunos recursos tengan dificultades para mantenerse operativos.
El sector subraya que garantizar estos apoyos no solo es una cuestión de sostenibilidad económica, sino también de derechos. Mantener la red de servicios resulta clave para asegurar la inclusión social, la autonomía personal y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad española.
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