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España ha alcanzado su peor posición en 30 años en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, cayendo al puesto 49 de 182 países. Según el informe, el retroceso coincide con el mandato de Sánchez, periodo marcado por polémicas políticas, debilidad en los controles institucionales y una brecha entre las leyes anticorrupción y su aplicación real.
España marca su peor dato en tres décadas en el mandato de Sánchez
España ha registrado su resultado más bajo en 30 años en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. El país cae hasta el puesto 49 de 182 estados analizados y obtiene 55 puntos sobre 100. La bajada de tres posiciones respecto al año anterior consolida una tendencia negativa que se ha acentuado durante el mandato de Sánchez.
Se trata de la peor clasificación desde que se elabora este indicador en su formato actual. La puntuación sitúa a España por debajo de la media de la Unión Europea, fijada en 62 puntos, y la coloca por detrás de países como Eslovenia, Ruanda o Costa Rica. El retroceso supone un golpe a la imagen exterior de la democracia española.
Transparencia Internacional atribuye este descenso a varios factores estructurales. Entre ellos, el debilitamiento de los mecanismos de control, las dudas sobre la independencia de determinadas instituciones y la falta de avances efectivos en materia de transparencia y acceso a la información pública. También influye la brecha entre las reformas legislativas anunciadas y su aplicación real.
La organización insiste en que España sigue sin contar con una estrategia nacional integral contra la corrupción. Aunque existen organismos de supervisión, su coordinación es limitada y su capacidad de actuación, desigual.
Comparación con etapas anteriores
El contraste con años previos es significativo. Entre 2011 y 2018, España alcanzó los 65 puntos en el índice. En la actualidad se sitúa diez puntos por debajo de aquel registro. El deterioro acumulado coincide con el mandato de Sánchez, etapa en la que diversos casos judiciales y polémicas públicas han impactado en la percepción internacional.
Analistas consultados subrayan que la evaluación no depende únicamente de condenas firmes, sino también del clima institucional. Las tensiones entre poderes del Estado, las reformas controvertidas y el debate sobre la independencia judicial influyen en la imagen exterior. En este contexto, el mandato de Sánchez se asocia a una fase de desgaste reputacional.
Un problema en un contexto global complejo
El informe señala además que el retroceso español se produce en un escenario internacional preocupante. La media global del índice cae hasta los 42 puntos sobre 100, el nivel más bajo en más de una década. Más de dos tercios de los países evaluados no alcanzan el aprobado. Aun así, la caída española ha sido más pronunciada que la de otras democracias europeas comparables.
Los países mejor situados —como Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda— destacan por sus estrictos controles presupuestarios y su cultura de transparencia consolidada. España, en cambio, arrastra déficits en prevención y supervisión. El mandato de Sánchez no ha revertido esta tendencia descendente.
Impacto institucional y retos pendientes
La corrupción, recuerda Transparencia Internacional, tiene efectos económicos y sociales profundos: erosiona la confianza ciudadana, agrava la desigualdad y debilita la calidad democrática. Ante eso, recuperar posiciones exigirá estabilidad normativa, consenso político y el fortalecimiento real de los órganos de control.
El desafío, según los expertos, va más allá de coyunturas concretas. Sin embargo, los datos actuales reflejan que el mandato de Sánchez coincide con el peor registro de España en tres décadas en este indicador internacional, una señal de alarma que obliga a replantear prioridades y reforzar las garantías institucionales.
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