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En Andalucía trabajan actualmente 2.387 docentes universitarios bajo la figura de profesorado sustituto. Detrás de este número hay personas, en su mayoría mujeres, que sostienen parte de la docencia en las universidades públicas, pero lo hacen en condiciones cada vez más inestables. Su contratación temporal, los bajos salarios y la desigualdad frente a otros tipos de profesorado han convertido esta figura en símbolo de la precariedad académica.
Un contrato pensado para cubrir vacantes, hoy generalizado
La figura del Profesorado Sustituto Interino (PSI) nació en 2008 con el I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas, con el objetivo de cubrir ausencias temporales de docentes o vacantes imprevistas. Sin embargo, dieciséis años después, su uso se ha extendido mucho más allá de ese propósito.
Según el convenio, estos docentes perciben solo el 60 % del salario de un Profesor Titular de Universidad (TU) cuando trabajan a tiempo completo, y una proporción menor si lo hacen a tiempo parcial. Además, solo se les reconoce parte de la jornada correspondiente a la docencia y tutorías, dejando fuera muchas tareas académicas invisibles pero esenciales, como la investigación, la gestión o la preparación de clases.
El resultado son salarios muy bajos, que en ocasiones equivalen apenas al 20 % del sueldo de un titular, pese a asumir la mitad de la carga docente.
Esta situación ha favorecido el uso creciente de contratos parciales, mucho más baratos para las universidades y la Junta de Andalucía, que así recortan gasto público en educación superior. Todo esto ocurre en un contexto de infrafinanciación universitaria, ya que la comunidad se mantiene lejos del objetivo del 1 % del PIB destinado a sus universidades públicas.
Frente a esta realidad, se están organizando. En los últimos años han surgido colectivos en universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, que trabajan de forma asamblearia y horizontal. En 2024, estas agrupaciones crearon la Coordinadora Andaluza de Profesorado Sustituto de Universidad (CAPSU) para compartir información, unificar estrategias y ejercer presión conjunta ante las instituciones.
Su objetivo es claro: lograr reconocimiento y condiciones equiparables al resto del profesorado laboral, incluyendo estabilidad y una retribución justa.
La negociación del II Convenio Colectivo: expectativas en tensión
En junio de 2024 se constituyó la mesa de negociación del II Convenio Colectivo, con la participación de las universidades públicas andaluzas, la Junta de Andalucía y los principales sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). Desde entonces, reina la discreción y los avances concretos apenas se han comunicado a la comunidad universitaria.
Uno de los puntos más controvertidos es justamente la figura del profesorado sustituto. En una reunión celebrada en junio de 2025 en la Universidad de Córdoba, surgió una propuesta alarmante: convertir todos los contratos a tiempo parcial, eliminando la posibilidad de dedicación completa. La CAPSU reaccionó de inmediato, denunciando que esta medida supondría cargar nuevamente los recortes sobre quienes ya sufren la mayor precariedad.
En noviembre de 2025, CCOO comunicó algunos avances: aunque aún no se ha resuelto la cuestión salarial, parece mantenerse la intención de conservar los contratos parciales. Esto genera preocupación entre los docentes, que temen un paso atrás en lugar de un avance en derechos.
La nueva Ley de Universidades Públicas de Andalucía (LUPA): más incertidumbre
A la negociación del convenio se suma la inminente aprobación de la Ley de Universidades Públicas de Andalucía (LUPA), presentada por el Gobierno autonómico de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). Su tramitación se realiza por vía de urgencia y sin diálogo con la comunidad universitaria, lo que ha generado rechazo y críticas amplias.
La LUPA plantea un modelo que muchos consideran privatizador, al exigir que las universidades públicas se financien en un 25 % con recursos privados. Además, suprime exenciones de matrícula a estudiantes que aprueben sus créditos en primera convocatoria y permite aumentar la carga docente de los profesores sin compensación clara.
El texto también equipara a las universidades privadas con las públicas dentro del Consejo Andaluz de Universidades, pero sin obligarlas a cumplir los mismos criterios de transparencia y rendición de cuentas.
Un futuro incierto para el profesorado sustituto
Entre las disposiciones más preocupantes de la LUPA está la limitación de los contratos de profesorado sustituto a dos años, lo que podría suponer el despido de quienes lleven más tiempo trabajando en esta condición. También otorga a la Junta la potestad de autorizar o denegar contrataciones, reduciendo la autonomía universitaria y restringiendo el desarrollo profesional del profesorado, que quedaría confinado a tareas docentes sin acceso a la investigación.
En paralelo, la ley recupera la figura del Profesorado Ayudante, con contratos temporales de tres años y dedicación parcial a la docencia. Esto podría redirigir la oferta pública hacia puestos de menor estabilidad, en perjuicio del Profesorado Ayudante Doctor, una figura más estable y consolidada.
Pese a que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) prevé planes de estabilización para el profesorado sustituto, hasta ahora solo la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha puesto en marcha convocatorias basadas en esa normativa.
Entre la falta de financiación, la incertidumbre normativa y la falta de transparencia en las negociaciones laborales, el profesorado sustituto andaluz enfrenta un momento decisivo. Lo que se acuerde en los próximos meses, en el II Convenio Colectivo y con la aprobación de la LUPA, definirá no solo su futuro, sino también el modelo de universidad pública que Andalucía quiere para las próximas décadas.
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