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El último informe anual de Global Witness, publicado en septiembre de 2026, confirma una realidad que se repite desde hace más de una década: proteger el territorio y el medio ambiente sigue siendo una de las labores más peligrosas del planeta. En 2025, al menos 124 defensores ambientales fueron asesinadas en el mundo, una cifra que, aunque menor que en años anteriores, refleja una violencia sistemática y concentrada en regiones específicas.
América Latina, el epicentro de la violencia contra los defensores ambientales
La región latinoamericana se consolidó una vez más como la más letal para quienes defienden sus tierras, aguas y bosques. De los 124 homicidios documentados globalmente, 105 ocurrieron en América Latina, lo que representa el 85% del total. Esta tendencia se mantiene desde que Global Witness comenzó a publicar su informe en 2012, y posiciona a la región como el escenario más hostil para el activismo ambiental y territorial.
Dentro de este panorama, Colombia y Brasil concentran más de la mitad de los asesinatos mundiales. Colombia, por cuarto año consecutivo, encabezó la lista con 39 muertes, casi la mitad de ellas de personas indígenas. Brasil le siguió con 26 asesinatos, más del doble que en 2024, lo que evidencia un alarmante incremento de la violencia en el país. Otros países con cifras significativas fueron Honduras y Filipinas (12 cada uno), México (10) y Guatemala (8).
Perfil de las víctimas: campesinos, indígenas y afrodescendientes
Más de tres cuartas partes de los defensores ambientales asesinados en 2025 pertenecían a comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes.
El informe documentó el asesinato de 44 personas indígenas, lo que subraya la vulnerabilidad extrema de estos pueblos frente a intereses económicos y conflictos territoriales. En Colombia, por ejemplo, casi la mitad de las 39 víctimas eran indígenas, y 15 eran campesinos.
Las disputas por la tierra estuvieron asociadas a más de la mitad de los asesinatos documentados en 2025. Los intereses extractivos y comerciales también jugaron un papel central: la minería y otras industrias extractivas se vincularon a 11 muertes, la tala ilegal a ocho y la agroindustria a seis.
Además, más de un tercio de los crímenes estuvieron relacionados con el crimen organizado o sicarios, lo que refleja la complejidad de los actores involucrados en esta violencia.
Criminalización e intimidación: otra forma de violencia
Aunque los asesinatos en Asia fueron menores en número, el informe destaca la creciente criminalización de los defensores ambientales en todo el continente. Las acusaciones penales, a menudo amplificadas por campañas de desprestigio en redes sociales, buscan desacreditar a los activistas, presentándolos como delincuentes en lugar de protectores del territorio. En Indonesia, por ejemplo, el pueblo indígena Dayak enfrentó acusaciones penales tras oponerse a las actividades de una empresa de pulpa de madera en sus tierras.
Frente a esta violencia, muchas comunidades han desarrollado mecanismos de protección colectiva. En Perú, las comunidades kakataibo establecieron una Guardia Indígena para patrullar sus territorios, monitorear incursiones ilegales y proteger una de las regiones más biodiversas de la Amazonía. Estos sistemas incluyen patrullas territoriales, redes de alerta temprana y fortalecimiento de capacidades comunitarias, respaldados por prácticas culturales y espirituales.
El informe también advierte sobre el deterioro del entorno político global para la protección de los derechos humanos en 2025. El aumento de prácticas autoritarias, conflictos violentos y el poder corporativo sin regulación, sumado a una crisis de financiación, han debilitado seriamente el apoyo a las organizaciones de derechos humanos. La caída sin precedentes de la ayuda exterior, impulsada por recortes presupuestarios en países como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, afectó a miles de organizaciones, reduciendo el apoyo a comunidades que operan en ecosistemas aislados.
"Defender nuestro territorio es importante para nosotros como comunidad y como pueblo, y nos enorgullece defender el clima del que todos dependemos", afirma Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena Kakataibo de Perú. Sin embargo, añade: "Para la próxima generación, esta labor es más peligrosa que nunca".
Toby Hill, investigador principal del estudio, recuerda: "Los defensores ambientales son los ojos y los oídos del mundo sobre el territorio. Gracias a ellos sabemos cuándo se destruyen los ecosistemas, dónde se talan los bosques o se contaminan los ríos".
Una cifra que probablemente subestima la realidad
Global Witness advierte que, debido a las limitaciones en la recopilación y verificación de datos, es casi seguro que las cifras subestimen la verdadera magnitud de la violencia. Desde 2012, la organización ha documentado 2.375 asesinatos y desapariciones de personas defensores ambientales y del territorio, un número que sigue creciendo año tras año.
Más allá de las cifras, el informe de Global Witness nos invita a no olvidar a los miles de defensores ambientales que, bajo una presión cada vez mayor, trabajan a diario para proteger sus territorios y culturas. Su labor no solo defiende derechos locales, sino que contribuye a mantener la estabilidad del clima global y la preservación de ecosistemas vitales para todos.
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