La LOMLOE no garantiza los derechos del alumnado con discapacidad

La educación en España se enfrenta a un espejo que devuelve una imagen distorsionada y preocupante. Tras años de implementación de la LOMLOE, el informe presentado por el Consejo Español para la Defensa de las Personas con Discapacidad (CEDDD) no solo confirma las sospechas de las familias, sino que eleva la voz de alarma con un rigor jurídico impecable: la ley actual no es una red de seguridad, sino un colador por el que se escapan los derechos fundamentales de miles de niños.

Sabe mucho mejor una verdad incómoda que una mentira reconfortante envuelta en lenguaje burocrático. Está fenomenal que la ley hable de "inclusión", pero denunciamos que, sin presupuesto ni garantías, la inclusión es una forma elegante de abandono institucional.

Cuando la ley se convierte en una barrera

El informe del CEDDD es demoledor porque no se limita a la queja sentimental; se apoya en el rigor del derecho constitucional y la Convención de la ONU. Según este análisis, la LOMLOE ha creado un entorno de "falsa seguridad" que, en la práctica, deja al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en una situación de indefensión legal y pedagógica.

• La falacia de la presencia vs. participación: La ley garantiza que el niño esté físicamente en el aula ordinaria, pero el informe advierte que estar presente no es lo mismo que estar incluido. Sin perfiles de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) suficientes, el alumno se convierte en un espectador de su propio aprendizaje.
• Ajustes razonables: Un concepto vacío de presupuesto: El informe destaca que la ley menciona los "ajustes razonables", pero no define una partida presupuestaria específica para ellos. Si el coste de la inclusión es mayor que el presupuesto asignado, la ecuación siempre da negativo para el alumno: 
• La vulneración del Artículo 24 de la Convención de la ONU: El CEDDD advierte que España podría estar incumpliendo sus compromisos internacionales al no asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles que cuente con el apoyo necesario y personalizado.
• El dictamen de escolarización como papel mojado: El informe critica que la opinión de los equipos de orientación y, sobre todo, de los padres, ha perdido peso frente a la decisión administrativa de "incluir por defecto" en centros que no están preparados para ello.

La inclusión no se decreta, se financia. Pretender que un docente con 25 alumnos en clase pueda atender una discapacidad severa sin apoyo constante es una falta de transparencia política que pagamos todos, empezando por los niños.

¿Es inclusión o es "aparcamiento" escolar?

Desde una mirada analítica, consideramos que la LOMLOE ha pecado de una ingenuidad peligrosa o de un cinismo contable. Sabe mucho mejor una sociedad que reconoce sus límites para poder superarlos. El informe del CEDDD pone el dedo en la llaga al señalar que se está desmantelando la red de Educación Especial —que posee el know-how y los recursos— sin haber construido antes los cimientos en la educación ordinaria.

Los resultado del informe analizado evidencian importantes déficits estructurales:

· 82,51 % de las familias ha experimentado dificultades en la asignación de apoyos.

· 83,72 % denuncia falta de adaptación de materiales o metodología.

· 79,79 % señala problemas de comunicación con el centro al inicio del curso.

· Cerca del 80 % percibe falta de formación o sensibilidad del profesorado.

Además, el 83,38 % de las familias identifica la burocracia como una barrera significativa para acceder a los recursos, reflejando una sobrecarga administrativa que dificulta el ejercicio efectivo de derechos.

El estudio revela una cobertura insuficiente de recursos clave:

· Un 27,36 % del alumnado no dispone de apoyo de Pedagogía Terapéutica.

· El 39,75 % carece de profesorado de Audición y Lenguaje.

· El 44,31 % no cuenta con orientador escolar.

· El 48,64 % no dispone de monitor o auxiliar.

Las familias también alertan de carencias relevantes en el día a día educativo:

· 79,21 % denuncia falta de adaptación de materiales.

· 74,98 % señala carencias en tecnología adaptada.

· 71,72 % tiene dificultades para acceder a recursos específicos.

El derecho a la educación es un derecho a la educación de calidad, no a la simple escolarización. El rigor nos dice que, si un niño con sordoceguera o trastorno del espectro autista no tiene un mediador o un auxiliar de aula el 100 % del tiempo, su derecho a la educación está siendo violado cada mañana al sonar el timbre.

El informe del CEDDD sobre la LOMLOE es la primera piedra de una ola de litigios estratégicos. Las familias han dejado de pedir "por favor" y han empezado a exigir con la ley en la mano. Sabe mucho mejor la justicia cuando es efectiva y no solo retórica. Cada discapacidad es diferente y la verdadera inclusión pasa por darle a cada persona una respuesta a sus necesidades