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España ha dado un paso si precedentes en la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica y lo ha hecho desde dos perspectivas distintas, política y judicial.
Por la vía política, el Congreso ha dado el primer paso para investigar los casos, mientras que la Fiscalía se ha hecho cargo de este proceso en su vertiente judicial, y unificará todas las denuncias sobre casos de pederastia clerical en manos de las fiscalías superiores.
El desgarrador testimonio del escritor Alejandro Palomas, que ha confesado haber sufrido abusos sexuales en su infancia, junto a la investigación iniciada en diciembre por el Vaticano de más de 200 casos inéditos en España, han dado de nuevo visibilidad al escándalo. La semana pasada, Pedro Sánchez recibió a Palomas y se comprometió, según declaró el escritor, a hacer todo lo que estuviera en su mano.
Las víctimas de abusos sexuales dudan del papel de la Iglesia
Entre la ilusión y la cautela. Así han recibido las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica las iniciativas para investigar los casos de pederastia en el seno de la institución.
Miguel Hurtado, víctima de abusos en su niñez, espera que se logren avances, aunque lamenta que esto suceda tan tarde.
"El principal problema es que el 99.9 % de los casos están prescritos. Entonces, la Fiscalía se va a enterar de la misa la media -afirma Hurtado-. Podría producir un informe que cuantificara la magnitud del iceberg de la pederastia en la Iglesia española: cuántos curas pederastas, cuántos obispos encubridores, cuántos niños violados, en cuántas instituciones se han producido abusos", declara para Euronews.
Es una buena noticia que se empiece a tratar este tema en órganos estatales, como el Congreso o la Fiscalía, pero de momento no es más que un mero acercamiento y solo con los acercamientos no basta.
Debería ser la propia Iglesia la que hubiera dado este paso, pero la Iglesia española tiene miedo a la verdad
Se sabe muy poco de la magnitud de este escándalo, y los números varían de aquellos casos reconocidos por la Iglesia católica, a otros de investigaciones independientes o los recogidos por los medios.
A diferencia de otros países, donde ha habido un recuento oficial por parte del Estado o de las instituciones religiosas, España no tiene ningún registro público de todos los casos de abusos sexuales por parte de la iglesia.
La Iglesia contabiliza 220 denuncias a sacerdotes desde 2001 a 2021, año en el que hizo público por primera vez estas cifras, y con datos proporcionados por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución vaticana que se encarga de investigar estos casos. De ellos, 151 se han resuelto y 69 siguen abiertos.
Otro recuento, el del diario El País, eleva a 611 casos y 1.246 las víctimas de abusos en la Iglesia desde 1945 hasta 2018. Se basa en las denuncias recogidas por el propio periódico, en las sentencias judiciales y en los casos publicados en medios de comunicación. 251 de estos casos son inéditos y fueron entregados al Vaticano para su investigación.
Según los datos del CGPJ, los tribunales ordinarios han dictado en los últimos 30 años 33 condenas a sacerdotes por abusos a 80 menores de edad. Las penas impuestas han ido desde la multa económica hasta los 32 años de presión.
Algunas congregaciones han iniciado investigaciones internas, aunque en la mayoría de ellas los resultados no se han dado a conocer. La primera en hacerlo ha sido la de los jesuitas, que reconoció más de 100 casos de abusos, 81 de ellos a menores, desde 1927 a la actualidad. Se comprometió además a indemnizar a las víctimas. Los maristas de Cataluña han reconocido a 25 víctimas tras una pionera comisión de la verdad, y también las indemnizará.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha ido cambiando su postura a medida que se iban conociendo los casos
¿Por qué la Conferencia Episcopal española todavía encubre la verdadera dimensión de la pederastia en la Iglesia?
Durante años no ofreció datos exactos, hasta que la llegada de Francisco I al papado impuso un nuevo paradigma y ordenó a las autoridades eclesiásticas investigar cualquier sospecha de abuso, no solo las denuncias formales.
En 2021 dio cifras por primera vez, aunque en ellas no se aportaban detalles como el número de víctimas, ni las fechas o diócesis en las que ocurrieron los abusos.
El Gobierno, a favor de la comisión de investigación; PP y Vox, en contra
A nivel político, Unidas Podemos ha sido uno de los principales impulsores de la comisión de investigación en el Congreso. El partido, que calificó los hechos de "abominables", fue el que presentó la iniciativa para que se investigaran los hechos en la Cámara Baja, junto a ERC y Bildu.
Un año antes, la ahora líder del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, causó una gran polémica al acusar a la Iglesia de "encubrir" los casos y de ser "cómplice" de los abusos sexuales en la iglesia.
El PSOE ha apoyado en la Mesa del Congreso la iniciativa para crear la comisión, un primer paso que tendrá que ser refrendado en la Junta de Portavoces después y en el pleno más adelante, aunque ahora se debaten sobre qué forma tendría que tener esta. Podría ser una comisión de expertos independientes, como propone el PP, o una de investigación dentro de la Cámara Baja. Los socialistas han señalado que pretenden apoyar solo una de las dos, si bien Unidas Podemos y los grupos que presentaron la petición ven compatibles que se desarrollen las dos a la vez.
Por su parte, el PP y Vox han votado no a crear una investigación independiente. Los de Pablo Casado creen que la comisión no debería centrarse solo en los abusos sexuales en la Iglesia, sino investigar los casos de pederastia en general, y ambos partidos consideran que la Iglesia no puede ser objeto de control por parte del Gobierno y que esta cuestión debe dirimirse en los tribunales.
Es hora de que se acabe la impunidad. No tienen límite y eso no se puede permitir. A la Iglesia se le está pidiendo que pidan perdón por todos los 'errores'.
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