España refuerza la accesibilidad web con nuevas leyes

En los últimos años, la normativa sobre accesibilidad web ha experimentado un gran progreso tanto en el ámbito público como en el privado. Este avance ha sido motivado por una mayor conciencia social sobre la importancia de la inclusión y la necesidad de garantizar que ninguna persona se sienta discriminada en el entorno digital.

Gracias a este respaldo normativo y social, el ecosistema digital evoluciona hacia un modelo más accesible y funcional para todos. La accesibilidad web no solo favorece a los usuarios, sino que también ofrece múltiples beneficios a las empresas, ampliando su público potencial. En el sector privado, esto se traduce en un impacto positivo en la rentabilidad, el compromiso con la responsabilidad social corporativa y una mejor posición en los buscadores, ya que muchas de las prácticas de accesibilidad coinciden con estrategias de SEO. Además, adaptarse a estas normativas evita posibles sanciones económicas, consolidando así un entorno digital más equitativo y eficiente.

Para facilitar la adaptación de los requisitos de la Ley Europea de Accesibilidad, existen soluciones como la herramienta de accesibilidad de GN10, que permite analizar y mejorar la accesibilidad web de manera eficiente. Esta plataforma ayuda a las empresas a cumplir con las normativas vigentes, optimizando la experiencia de navegación para todos los usuarios y asegurando el cumplimiento de los estándares de accesibilidad.

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Legislación sobre accesibilidad web en España

En España, la normativa sobre accesibilidad web para las Administraciones Públicas (AAPP) y empresas privadas que reciben financiación pública está regulada principalmente por el Real Decreto 1112/2018. Esta regulación adapta al derecho español la Directiva Europea (UE) 2016/2102, estableciendo requisitos para garantizar que los sitios web y aplicaciones móviles del sector público sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad.

El decreto exige que estos sitios y aplicaciones cumplan con la norma UNE-EN 301549, basada en las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.1, nivel AA. Esto asegura que la información y los servicios digitales sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos.

Otras normativas relevantes

Existen otras leyes que también incorporan aspectos de accesibilidad digital en España:

• Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones: obliga a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas a garantizar accesibilidad e igualdad de acceso para las personas con discapacidad.
• Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE): establece que las páginas web de las empresas que operan en España deben ser accesibles, promoviendo la inclusión digital.
• Directiva 2019/882 (European Accessibility Act): amplía los requisitos de accesibilidad a diversos productos y servicios, como el comercio electrónico y el sector financiero. Esta directiva debe transponerse a la legislación española para su aplicación efectiva.

Accesibilidad digital en la empresa privada: Ley 11/2023

La Ley 11/2023 establece el marco legal para garantizar la accesibilidad digital en el sector privado, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación.

Productos afectados:

• Equipos informáticos de consumo y sus sistemas operativos.
• Terminales de autoservicio, como cajeros automáticos, terminales de pago y máquinas expendedoras de billetes.
• Dispositivos electrónicos interactivos de consumo, como smartphones, tablets, smartwatches y smart TVs.
• Lectores electrónicos (e-readers).

Servicios afectados:

• Comunicaciones electrónicas y acceso a servicios audiovisuales.
• Sitios web y aplicaciones móviles de servicios de transporte, banca, comercio electrónico y redes sociales.
• Servicios digitales de suministro eléctrico, agua y gas.
• Agencias de viajes y turoperadores.

Plazos de aplicación

• 28 de junio de 2025: entrada en vigor de la ley para los nuevos productos y servicios.
• Hasta el 28 de junio de 2030: período de adaptación para productos y servicios existentes.
• Contratos firmados antes de junio de 2025 pueden mantenerse hasta cinco años más.
• Terminales de autoservicio existentes pueden utilizarse hasta un máximo de 10 años desde su puesta en funcionamiento.

En resumen, España ha desarrollado un marco legal sólido en materia de accesibilidad digital, alineado con las normativas europeas, para garantizar que la tecnología y los servicios digitales sean accesibles para todas las personas.

Regulación de la accesibilidad web: Real Decreto 193/2023

El Real Decreto 193/2023 establece las condiciones básicas para garantizar la accesibilidad y evitar la discriminación de las personas con discapacidad en el acceso y uso de bienes y servicios de acceso público. También introduce medidas de acción positiva y apoyos adicionales para compensar las barreras que estas personas enfrentan de manera habitual.

El decreto establece que todos los sitios web y aplicaciones móviles que ofrezcan información sobre bienes y servicios accesibles al público deben cumplir con la norma UNE-EN 301549, que define los criterios de accesibilidad digital.

Definición de bienes y servicios

Para mayor claridad, el decreto especifica qué se entiende por bienes y servicios:

• Bienes: Productos, artículos o mercancías disponibles en el mercado, cuya entrega no implica la prestación de un servicio.
• Servicios: Actividades ofrecidas por personas físicas o jurídicas, ya sean de carácter público o privado, con o sin coste. Dentro de esta categoría se incluyen, por ejemplo, actividades profesionales.

Entrada en vigor y plazos de aplicación

El decreto entró en vigor el 22 de marzo de 2023, pero su cumplimiento será obligatorio de acuerdo con el siguiente calendario:

• Desde el 1 de enero de 2025:
  • Aplicable a bienes y servicios nuevos de titularidad pública.
  • También a bienes y servicios nuevos de titularidad privada si están contratados o suministrados por la Administración Pública.
• Desde el 1 de enero de 2029:
  • Aplicable a bienes y servicios nuevos de titularidad privada que no estén vinculados a la Administración Pública.
• Adaptación de bienes y servicios existentes:
  • Antes del 1 de enero de 2026, en el caso de bienes y servicios públicos o privados contratados por la Administración.
  • Antes del 1 de enero de 2030, para el resto de bienes y servicios privados.

En definitiva, este Real Decreto refuerza el marco normativo para garantizar que los bienes y servicios accesibles al público cumplan con criterios de accesibilidad web, estableciendo plazos para su adaptación progresiva.