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El Gobierno de Javier Milei modificó la normativa sobre prestaciones por invalidez, publicada el 14 de enero en el Boletín Oficial. La resolución, firmada por la Agencia Nacional de Discapacidad, utiliza términos como "retardos mentales" para referirse a personas con discapacidad intelectual, generando polémica.
Modificación normativa sobre pensiones por invalidez en Argentina
El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, publicó el 14 de enero de 2025 una modificación a la normativa relacionada con las prestaciones por invalidez para personas con discapacidad.
Esta resolución fue firmada por la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo dependiente del Ministerio de Salud. En el anexo del boletín oficial, se utilizaron términos problemáticos para referirse a las personas con discapacidad intelectual, incluyendo expresiones como "retardos mentales", "idiota", "imbécil" y "débil mental profundo".
El lenguaje utilizado en la normativa para las personas con discapacidad
En las páginas 36 y 37 del documento oficial, se describen diferentes niveles de discapacidad intelectual, basados en el coeficiente intelectual de las personas. Según la resolución, los llamados «idiotas» son aquellos que no leen ni escriben, no entienden el valor del dinero, y no pueden subsistir de manera independiente.
En el caso de los «imbéciles», se trata de personas que no pueden realizar tareas básicas. Finalmente, el término «débil mental profundo» se refiere a aquellos con un vocabulario limitado, incapaces de manejar dinero, pero que aún pueden llevar a cabo algunas tareas simples.
La modificación se enmarca dentro de un esfuerzo del Ejecutivo para "auditar todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral". En 2023, el gobierno anterior, bajo Sergio Massa, implementó un decreto que permitía compatibilizar el trabajo con la percepción de pensiones por invalidez parcial.
Sin embargo, el gobierno de Milei derogó dicho decreto, argumentando que aquellas personas con la capacidad médica para trabajar no deberían recibir pensiones.
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sostuvo que la medida eliminaba flexibilidades que convertían estas pensiones en un instrumento de clientelismo político.
Críticas y reacciones
La modificación de la normativa ha sido ampliamente criticada. Siete organizaciones de personas con discapacidad, encabezadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentaron un reclamo al Gobierno argentino, exigiendo la derogación de la resolución por considerarla una violación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estas organizaciones argumentan que el lenguaje utilizado es discriminatorio y atenta contra los derechos fundamentales.
Desde el ámbito internacional, la normativa también ha generado rechazo. En España, Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, comparó la situación con las leyes españolas en una crítica publicada en su cuenta de X.
Bustinduy expresó su indignación ante lo que consideró un trato indigno hacia las personas con discapacidad en Argentina, resaltando que la Constitución española garantiza que todas las personas ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad y libertad.
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