Plena Inclusión exige medidas concretas para que el artículo 49 de la Constitución garantice derechos reales

El 18 de enero de 2024 marcó un antes y un después en la historia de los derechos de las personas con discapacidad en España. Ese día, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma del artículo 49 de la Constitución, un cambio que no solo eliminó el término "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" del texto constitucional, sino que también amplió la protección y derechos de este colectivo. Este avance, ratificado por el Senado y publicado en el BOE el 17 de febrero, entró en vigor con el compromiso de garantizar una mayor igualdad y libertad para las personas con discapacidad.

Plena Inclusión España, la organización que representa a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, celebró este logro como "un hito histórico" y un reflejo del compromiso del Estado para legislar nuevas normas y políticas que impulsen la inclusión social y la autonomía personal.

De las palabras a los derechos: exigencias de Plena Inclusión

A pesar del reconocimiento del avance que representa esta reforma, Plena Inclusión ha enfatizado la necesidad de que las declaraciones de intenciones del nuevo artículo 49 se traduzcan en acciones concretas. La confederación reclama leyes y medidas que refuercen los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en áreas críticas como la accesibilidad universal, la igualdad efectiva y la protección frente a la discriminación.

El artículo 49 reformado establece que los poderes públicos deben garantizar entornos accesibles y promover políticas que aseguren la plena autonomía personal de las personas con discapacidad. Además, pone especial atención en las necesidades de mujeres y menores con discapacidad, que, según Plena inclusión, representan los colectivos más vulnerables dentro del grupo.

Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión, destacó que este enfoque es crucial, ya que "las estadísticas muestran que las personas con discapacidad intelectual son las más vulnerables a la desigualdad, con mujeres y niñas en una situación de especial desprotección". Por su parte, Maribel Cáceres, vicepresidenta de la confederación, subrayó la oportunidad única que representa esta reforma para lograr una verdadera inclusión social para los casi 400.000 españoles con discapacidad intelectual y sus familias.

Los próximos pasos: políticas inclusivas y accesibles

Para que esta reforma constitucional del artículo 49 tenga un impacto real, Plena Inclusión insta a las administraciones públicas a desarrollar un marco legislativo robusto que dé cumplimiento a los compromisos establecidos en el artículo 49. Esto incluye la creación de programas que promuevan la inclusión laboral, la eliminación de barreras arquitectónicas y tecnológicas, y la implementación de medidas específicas para proteger a los colectivos más vulnerables, como mujeres y menores.

Asimismo, la confederación llama a que estas medidas se diseñen de manera participativa, incorporando las voces de las propias personas con discapacidad y sus familias. Según Maribel Cáceres, “la inclusión no es solo un objetivo, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado con recursos y acciones tangibles”.

La reforma del artículo 49 es un paso importante, pero su verdadero impacto dependerá de que los poderes públicos conviertan las palabras de la Constitución en derechos efectivos que mejoren la calidad de vida de millones de personas.