Los colegios deberán tener un coordinador de bienestar contra el acoso

Los colegios contarán desde el próximo curso con un coordinador de bienestar infantil, cuyas funciones serán prevenir y proteger a los estudiantes frente a la violencia y acoso escolar. 

Es una medida que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por la ministra Ione Belarra, ya definió en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada en el mes de junio. No obstante, no fue hasta la reunión de la Conferencia Sectorial, cuando este departamento acordó con las comunidades autónomas la hoja de ruta de aplicación de la nueva norma, que incluye la creación de esta nueva figura. 

"Deben ser la pieza que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo, en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y de comunicar las situaciones de riesgo", dijo Belarra en relación a esta medida contra el acoso escolar.

De forma específica, habrá dos tipos de profesionales distintos dedicados a la protección de los menores: uno para los centros educativos, y otro para el ámbito del deporte y del ocio, que recibirá el nombre de 'delegado de protección'. 

Las funciones del coordinador de bienestar contra el acoso escolar

Las administraciones de cada territorio determinarán las funciones que deba desempeñar dicho coordinador. También decidirán si nombrarán coordinador o coordinadora a alguien de la plantilla ya existente o, en cambio, contratarán a un nuevo profesional para que ejerza esa función, siempre que se atengan a los mínimos enumerados en la ley de infancia:

• Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los menores, dirigidos tanto al personal -prioritariamente- como al alumnado, para detectar y responder a situaciones de violencia o acoso escolar. También, en coordinación con el AMPA, se ofrecerá la formación a los padres y madres. 
• Coordinar los casos en los que se tenga que intervenir por parte de los servicios sociales, informando incluso a las autoridades en caso de considerarse necesario. 
• Identificarse ante la comunidad educativa como referente principal para cualquier asunto que quieran comunicar sobre posibles casos de violencia en el centro. 
• Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.
• Impulsar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.
• Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.
• Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.
• Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para los menores o que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos personales la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva.

La función del delegado de protección

La función de esta figura será velar también por el bienestar de los menores que acuden al centro, que en este caso es deportivo o de ocio. Velará para que los niños, niñas y adolescentes "puedan acudir para expresar sus inquietudes", según reza la norma. Esto incluye casos de acoso escolar, que aumentó durante la cuarentena y que cada vez más menores se atreven a denunciar, como ha hecho recientemente el YouTuber Miquel Montoro.

Se encargará asimismo de la "difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos", así como de "iniciar las comunicaciones pertinentes" cuando detecte una situación de violencia sobre la infancia o la adolescencia.

El texto, según recoge 20Minutos, establece que "todos" los centros educativos, sean públicos, privados o concertados, deberán contar con un coordinador de bienestar y protección contra el acoso escolar supervisado por el director del colegio.

En el caso del delegado o delegada de protección, deberán ser designados por todas aquellas entidades que realicen de forma habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad. 

De forma previa a la implantación de ambas figuras en septiembre de 2022 contra el acoso escolar, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia habrá hecho un análisis del grado de articulación y desarrollo de dichas figuras varios meses antes, concretamente en abril de 2022.