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Madrid, 12 abr (EFE)- La asociación Adicae ha celebrado hoy las propuestas de la Comisión Europea sobre protección de los consumidores, unas medidas que atribuye a los problemas en la contratación planteados a la justicia comunitaria por los españoles y que, de aprobarse, serán claves "para el futuro" de la región.
En rueda de prensa, el presidente de la agrupación, Manuel Pardos, ha felicitado al órgano por impulsar una "revolución legislativa" en la Unión Europea con una "panoplia" de reformas en situaciones como las compras en Internet o en la reclamación colectiva de compensaciones por prácticas injustas.
Pardos ha insistido en que si bien la región cuenta con la legislación más avanzada del mundo, no ha sido óbice para que España protagonice algunos de los conflictos de mayor impacto en temas de consumo, y ha puesto de ejemplo "el martirio de los preferentistas y bonistas" y de los afectados por las cláusulas suelos.
Ha señalado a la banca española de ser responsable de este "incumplimiento flagrante" al poner "en la picota" todas las instituciones, incluido el Tribunal Supremo, el cual "debería haberse adelantado a lo dictado" por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sus resoluciones.
Bajo el nombre de "Nuevo acuerdo para los consumidores", la normativa presentada ayer por Bruselas introduce novedades como la posibilidad de que una entidad cualificada, sea una organización de consumidores o una entidad pública, encabece una acción colectiva en nombre de un grupo para reclamar una compensación económica.
Tales entidades deberán ser seleccionadas por los Estados miembros y cumplir una serie de criterios para evitar que, por ejemplo, los europeos se encuentren con dificultades para reclamar una compensación en escándalos como el 'dieselgate', por la manipulación de los motores diésel de Volkswagen.
El secretario general de Adicae, Fernando Herrero, ha destacado la utilidad de esta propuesta de cara a favorecer tanto que cesen las acciones demandadas por los usuarios como su resarcimiento económico en un mismo procedimiento.
En su opinión, la Comisión Europea, que también pide fomentar la vía extrajudicial y plantea la obligación del comerciante de informar a los perjudicados por un determinado producto o servicio, "se ha basado en la realidad y no en la teoría sobre lo que es el consumidor", amparándose en la experiencia de sus ciudadanos.
Con la nueva normativa, las infracciones que afecten a consumidores de varios países podrían sancionarse hasta un 4 % de la facturación anual de la empresa en cada país, si bien a título individual cada socio podría establecer máximos más elevados para sus multas a nivel nacional.
La propuesta, que refleja algunos de los aspectos de Adicae, pasará ahora a ser debatida por los eurodiputados y abordada en el Consejo, y Pardos confía en que, en menos de un año, los consumidores puedan contar con la nueva legislación.
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