Aprueban el plan de recuperación del mayor operador de telefonía fija de Brasil

Río de Janeiro, 20 dic (EFE).- La asamblea de acreedores de la telefónica Oi, la mayor operadora de telefonía fija de Brasil y que se acogió a la ley de quiebras el año pasado, aprobó hoy el plan de recuperación con que la empresa pretende pagar su enorme deuda y volver a operar normalmente.

Tras una asamblea que se prolongó cerca de quince horas y concluyó en la madrugada de este miércoles, la gran mayoría de los cerca de 55.000 acreedores, desde los empleados con salarios a recibir hasta los grandes bancos, aprobó el plan con que Oi pretende renegociar su deuda por 64.000 millones de reales (unos 19.393,9 millones de dólares).

La Oi se acogió en junio del año pasado a la ley brasileña de quiebras para intentar seguir operando pese a una deuda que es la mayor entre las empresas que han solicitado la llamada recuperación judicial.

Además de ser la mayor operadora de telefonía fija de Brasil, con cerca de 17 millones de clientes, Oi es una de las mayores suministradoras de acceso a internet en banda ancha, la cuarta mayor operadora de telefonía móvil y un importante actor en el mercado de televisión por suscripción.

La compañía es considerada como la tercera mayor empresa del sector de telecomunicaciones de Suramérica, con unos 50 millones de clientes.

El presidente de Oi, Eurico Teles, que tuvo que modificar la propuesta de recuperación varias veces antes de su aprobación final, afirmó que la empresa comenzará a recuperarse gracias a una inyección de capital de 4.000 millones de reales (unos 1.212 millones de dólares) aprobado por sus accionistas.

Pese a que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, regulador), mayor acreedor individual de la compañía, aprobó el plan de recuperación con condicionantes, la propuesta recibió el respaldo del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el único acreedor cuya deuda tenía garantías de ejecución inmediata.

Igualmente respaldaron el plan los propietarios de bonos emitidos por Oi y los bancos que financiaron los diferentes proyectos de expansión de la empresa.

El plan convierte a los acreedores en los propietarios del 75 % de las acciones de Oi, pese a que inicialmente exigían el 85 %, a cambio de una reducción inmediata del 50 % de la deuda.

El plan prevé que el 100 % de los recursos obtenidos con la venta de una serie de activos sea reinvertidos en la empresa en los primeros cinco años de ejecución del programa y no sean usados para el pago de las deudas.

Igualmente prevé que, de las multas por 14.000 millones de reales (unos 4.242,4 dólares) adeudadas a Anatel, el 60 % será pagado en un plazo de 20 años y el 40 % los cinco años siguientes a ese período.

La aprobación del plan, que aún depende de que el acuerdo sea homologado por la Justicia, impide por ahora que la empresa quiebre en forma definitiva o que el Gobierno intervenga en sus operaciones.

Gran parte de la deuda de la Oi proviene de los problemas que le acarrearon su fusión con Portugal Telecom, efectuada en 2013 pero liquidada a comienzos de 2015, con la venta de los activos de la compañía lusa a la luxemburguesa Altice.