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Un terremoto político y judicial ha sacudido las instituciones este martes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama, ha levantado el secreto de sumario sobre el denominado ‘caso Plus Ultra’ y ha citado a declarar como investigado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo 2 de junio a las 9:00 horas.
A lo largo de un auto de 85 páginas, el instructor señala la existencia de una "trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por Zapatero", quien presuntamente puso sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de la aerolínea para asegurar un rescate público de 53 millones de euros. El magistrado imputa indiciariamente a los miembros de la red delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Estructura jerarquizada y reparto de tareas en la red
El instructor, que asumió la causa el pasado mes de marzo tras recibir la inhibición del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, detalla que la red contaba con una organización estable. Según el auto, existía un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante los organismos públicos:
- Liderazgo y contactos: Ejercido por el propio expresidente.
- Intermediarios directos: Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez (amigo personal de Zapatero), encargados de tratar cara a cara con los clientes y ejecutar las órdenes directas.
- Gestión operativa cotidiana: Integrada en un tercer nivel por María Gertrudis Alcázar (secretaria de la oficina de Zapatero) y Cristóbal Cano Quiles (gestor del entorno de Julio Martínez).
Mensajes cruzados: acceso a información privilegiada antes de la aprobación
Uno de los puntos más delicados del auto de la Audiencia Nacional revela que la red no buscaba un trato general, sino la consecución de una resolución administrativa concreta. El juez Calama destaca que la capacidad de la trama para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021.
En esa fecha, dos de los investigados intercambiaron mensajes de texto celebrando la concesión de la ayuda a Plus Ultra, semanas antes de la decisión formal del Consejo Gestor de la SEPI y de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros, que no se ejecutó hasta el 9 de marzo.
Las dos vías de influencia y la conexión con los vuelos de Venezuela
El escrito detalla que los directivos de la aerolínea intentaron esquivar los cauces legalmente establecidos mediante dos líneas de influencia simultáneas: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Zapatero. Finalmente, fue la vía de este último la que adquirió un "papel predominante" para alcanzar los objetivos.
Además, la actividad de la red se extendió a una segunda línea de investigación internacional: una serie de gestiones reiteradas ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar los permisos de vuelo de Plus Ultra, aprovechando la influencia de Julio Martínez sobre el presidente de dicho organismo, el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz.
La ruta del dinero: Sociedades instrumentales y la conexión 'off-shore' en Dubái
Para canalizar los fondos, la trama utilizó contratos de asesoría elaborados ad hoc y empresas pantalla en España como Caletón Consultores y Summer Wind. Sin embargo, siguiendo instrucciones del exlíder del PSOE, la red presuntamente creó la sociedad off-shore Landside Dubai Fzco (o Landside Middle East Fzco) en los Emiratos Árabes, participada al 100% por la firma española Idella Consulenza Strategica.
Idella había firmado un contrato con Plus Ultra para cobrar el 1 % del rescate público (530.000 euros). Al no existir constancia de pagos en territorio español, el juez sospecha que la mercantil de Dubái se constituyó deliberadamente en una jurisdicción de baja transparencia para ocultar el origen y destino de los fondos, lo que encaja en el delito de blanqueo.
Desglose de los fondos desviados al entorno de Whathefav
El auto judicial identifica de forma precisa las contraprestaciones económicas que terminaron en el entorno del expresidente y de la sociedad Whathefav SL, administrada por sus hijas, mediante contratos simulados:
- Análisis Relevante: Remitió 490.780 € a Zapatero y 239.755 € a Whathefav (fondos procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa).
- Gate Center: Envió 352.980 € al exmandatario y 171.727 € a la firma de sus hijas.
- Thinking Heads: Remitió 681.318 € a Zapatero y 12.297 € a la sociedad familiar.
El triple juicio de proporcionalidad: por qué se denegó el registro domiciliario
Aunque la UDEF procedió al registro de la oficina oficial del antiguo presidente del Gobierno y de las sedes de las mercantiles, el juez Calama rechazó registrar el domicilio particular del expresidente, denegando la petición de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.
El magistrado argumentó que la medida no superaba el triple juicio de proporcionalidad-idoneidad de la doctrina constitucional. Calama razonó que, debido a la amplia difusión mediática del caso, cualquier elemento incriminatorio ya habría sido retirado o destruido. Por tanto, un registro en su vivienda privada sería una medida "meramente exploratoria o prospectiva" y excesivamente intrusiva, existiendo ya la alternativa eficaz de revisar su despacho de funciones públicas.
Reacción política: Ofensiva del PP y blindaje en las filas del PSOE
La ramificación política del auto ha provocado un choque total. El Partido Popular, a través de su número dos Miguel Tellado, ha lanzado una fuerte ofensiva afirmando que "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer", exigiendo explicaciones inmediatas al Gobierno por los vínculos del investigado como asesor de la actual administración.
Por el contrario, el PSOE ha cerrado filas en torno a su antiguo líder. La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha pedido tranquilidad y respeto a la presunción de inocencia, lanzando un mensaje de apoyo en redes con la frase "no pararán". En privado, dirigentes del partido enmarcan la imputación en una campaña de acoso judicial y mediático coordinada por la derecha.
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