Lectura fácil
La Policía Nacional ha ejecutado la devolución a Marruecos de varios migrantes, entre ellos un yemení, que habían recibido una resolución desfavorable a sus solicitudes de asilo en Ceuta, sin esperar a que se resolvieran los recursos judiciales presentados contra esas decisiones. Estas actuaciones han generado preocupación entre las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes, que consideran que se están realizando expulsiones contrarias a las garantías recogidas en el Reglamento de la Unión Europea 2024/1348.
Uno de los casos más destacados es el de Yaseen S. A., un ciudadano de Yemen que fue trasladado a territorio marroquí el lunes 26 de octubre, a pesar de que la Audiencia Nacional había ordenado que permaneciera en España hasta que se resolviera su recurso contra la denegación de asilo.
Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó ese mismo lunes una resolución en la que establecía que el ciudadano yemení debía permanecer en territorio español mientras se examinaba su recurso. El tribunal ordenó evitar la ejecución de su devolución y justificó la medida por la «especial urgencia» de la situación, después de que su abogada solicitara protección cautelarísima.
Pese a esta decisión judicial, Yaseen terminó en Marruecos pocas horas después de ser detenido en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Su defensa sostiene que la devolución se llevó a cabo sin respetar la resolución judicial y sin esperar a que se resolviera el procedimiento iniciado contra la denegación de su solicitud de protección internacional.
Detención en el CETI y traslado a territorio marroquí
La detención de Yaseen se produjo durante la mañana del lunes 26 de octubre en las instalaciones del CETI de Ceuta. Según los abogados de la Coordinadora de Barrios, la actuación se llevó a cabo sin que su letrada recibiera una notificación formal previa.
Cuando tuvieron conocimiento de lo ocurrido, los representantes legales del ciudadano yemení remitieron un escrito a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. En él advertían de que no debía ejecutarse la devolución a Marruecos, puesto que el afectado había recurrido la decisión del Ministerio del Interior de denegarle el asilo. La negativa, además, se había producido en contra del criterio expresado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Las advertencias de los abogados no impidieron que se materializara la expulsión. Según la información publicada por la SER, Yaseen fue trasladado contra su voluntad a la provincia marroquí de Youssoufia, donde quedó en la calle y sin dinero.
Tampoco pudo recuperar sus pertenencias personales ni la ropa que había dejado en el centro de acogida de Ceuta. Su situación ha suscitado nuevas críticas por parte de las organizaciones que cuestionan los procedimientos empleados para ejecutar las devoluciones de solicitantes de asilo.
El Ministerio del Interior ha reconocido que ordenó el traslado del ciudadano yemení a Marruecos, aunque sostiene que actuó teniendo en cuenta los plazos administrativos y judiciales. Un portavoz del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska explicó a la SER que el periodo para presentar los recursos había terminado el viernes y que la resolución de la Audiencia Nacional no llegó hasta la tarde del lunes.
Esta explicación no convence a Patricia Fernández Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios, que considera que lo ocurrido constituye una nueva vulneración del principio de no devolución, del Estado de derecho y de los derechos humanos de personas que ya han sufrido situaciones de extrema violencia.
Nueve años de huida del yemení para escapar de la guerra de su país
La historia de Yaseen está marcada por los desplazamientos forzosos, los intentos fallidos de llegar a un lugar seguro y la exposición reiterada a situaciones de violencia. Su huida comenzó en 2017, cuando los hutíes trataron de reclutarlo para combatir en la guerra civil de Yemen, un conflicto que había comenzado años antes.
Al negarse a participar en el reclutamiento forzoso, el yemení abandonó su país y cruzó irregularmente la frontera con Arabia Saudí por la zona de Al Thabit. En 2019 fue deportado de vuelta a Yemen por las autoridades saudíes, pero consiguió escapar de nuevo y regresar a Arabia Saudí, esta vez pagando a un traficante.
Durante esa etapa sobrevivió escondido en una granja, donde recibía comida y alojamiento a cambio de permanecer allí. En 2022 consiguió trasladarse a Omán y posteriormente intentó llegar por mar a Yibuti. Sin embargo, una banda asaltó la embarcación en la que viajaba, robó las pertenencias de los pasajeros y frustró el viaje.
En 2025 alcanzó Casablanca, en Marruecos. Las autoridades marroquíes lo interceptaron y lo trasladaron por la fuerza al desierto. Ese mismo año intentó entrar en España por primera vez a través de Ceuta, pero fue interceptado en el mar por agentes españoles y posteriormente expulsado a la región argelina de Béchar.
En abril volvió a intentar alcanzar las islas Canarias. La travesía duró cuatro días y, según su relato, la realizó sin disponer de comida. El intento tampoco tuvo éxito y terminó nuevamente en Marruecos. En Nador, un grupo de traficantes lo retuvo durante tres días y le robó los 1.000 euros que llevaba consigo.
Las pruebas sobre los bombardeos y la denegación del asilo
El 29 de julio de 2026, Yaseen consiguió entrar en Ceuta a nado por la zona de Benzú. Su llegada se produjo después de años de desplazamientos y de varios intentos frustrados de alcanzar territorio español.
La situación de su familia en Yemen fue uno de los elementos que aportó para respaldar su petición de protección internacional. El día anterior a su entrevista con la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), varios misiles lanzados por los hutíes impactaron cerca de la vivienda familiar.
Yaseen entregó a la Policía fotografías que mostraban los daños causados por los bombardeos en una casa cercana, donde vivía uno de sus vecinos, un niño. La vivienda había quedado destruida por las explosiones, según la información recogida en el caso.
A pesar de estas pruebas, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), dependiente del Ministerio del Interior, rechazó su solicitud. La decisión se adoptó pese a la disconformidad manifestada por ACNUR, cuyo criterio era contrario a la denegación de protección del ciudadano yemení.
Tras recibir la resolución desfavorable, Yaseen presentó un recurso para impugnarla. Su defensa sostiene que ese procedimiento debía haber impedido su devolución mientras se examinaba la posibilidad de que permaneciera en España, especialmente después de que la Audiencia Nacional dictara una medida cautelar de carácter urgente.
Las organizaciones denuncian un patrón de devoluciones
La Coordinadora de Barrios advierte de que el caso de Yaseen no sería un episodio aislado. La entidad denuncia que el Ministerio del Interior estaría aplicando una práctica consistente en devolver a Marruecos a personas migrantes cuya solicitud de asilo ha sido denegada, sin esperar a que los tribunales resuelvan los recursos presentados.
Otro de los afectados es Mohamed A. I., un ciudadano de Bangladesh que también recurrió la denegación de su solicitud de protección internacional. Según el decreto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consultado por la SER, la Audiencia Nacional admitió a trámite su recurso el pasado 22 de octubre.
Mohamed permaneció durante tres días en la frontera con Marruecos porque las autoridades de ese país se negaron inicialmente a aceptar su devolución. Finalmente, el traslado se ejecutó durante la tarde del lunes 26 de octubre.
La Coordinadora de Barrios también señala que una situación semejante afectó a un grupo de otros 15 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellas Senegal, Costa de Marfil, Pakistán y Togo. La organización sostiene que estos casos forman parte de una dinámica que debe investigarse para determinar si se han respetado las garantías legales de las personas afectadas.
El Ministerio del Interior rechaza esa interpretación. El departamento asegura que ninguno de los migrantes devueltos había recurrido en tiempo y forma la denegación de su solicitud de asilo. Los abogados de los afectados mantienen, por el contrario, que los recursos se presentaron correctamente y aseguran disponer de documentación que respalda su versión.
El Reglamento europeo, en el centro de la controversia
La discusión jurídica gira en torno a las garantías que establece el Reglamento europeo 2024/1348 y, en particular, a lo dispuesto en su artículo 68.5 sobre el derecho de permanencia mientras se determina si una persona puede continuar en territorio español durante la tramitación judicial correspondiente.
Patricia Fernández Vicens sostiene que las devoluciones se han ejecutado antes de que expirara el plazo previsto por la normativa europea. Según la abogada, las autoridades han dado prioridad a la expulsión por el hecho de que las solicitudes de protección internacional habían sido rechazadas, sin esperar a que los tribunales se pronunciaran sobre la permanencia de los afectados.
La letrada considera que esta práctica puede dejar sin efecto las garantías destinadas a proteger a quienes impugnan una decisión de asilo, especialmente cuando existen indicios de que su regreso podría exponerlos de nuevo a situaciones de peligro.
El caso del yemení Yaseen plantea así un conflicto entre la actuación administrativa y la protección judicial solicitada por una persona que lleva nueve años huyendo de la guerra. Mientras Interior defiende que actuó conforme a los plazos que consideraba aplicables, su defensa denuncia que la devolución se ejecutó pese a una orden expresa de la Audiencia Nacional.
La controversia vuelve a situar en el centro del debate la obligación de garantizar que los procedimientos de expulsión respeten tanto las resoluciones judiciales como los derechos de quienes solicitan protección internacional. Para las organizaciones implicadas, la cuestión no se limita a la situación individual de Yaseen, sino que afecta también a la efectividad de las garantías legales reconocidas a otros solicitantes de asilo que se encuentran en circunstancias similares.
Añadir nuevo comentario