27/12/2023 - 11:14
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La OCU denuncia trabas significativas en la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. Destaca que un 19 % de la energía producida por estas instalaciones se pierde debido a retrasos en la legalización, equivalentes al 0,4 % de la demanda eléctrica nacional.
Se hace necesario agilizar los trámites legales según la Directiva europea de energías renovables.
¿Qué son las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo?
Las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son sistemas que generan electricidad a partir de la luz solar utilizando paneles solares instalados en hogares o empresas. Esta electricidad producida se utiliza principalmente para cubrir las necesidades energéticas del lugar donde se encuentra la instalación, ya sea para alimentar electrodomésticos, iluminación u otras necesidades eléctricas.
Estos sistemas de autoconsumo permiten que los propietarios de viviendas o empresas generen parte de la energía que necesitan, reduciendo así su dependencia de la red eléctrica convencional y disminuyendo los costos a largo plazo, al mismo tiempo que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al utilizar una fuente de energía renovable y limpia como es la solar.
Retrasos y prácticas obstructivas
El aumento en la potencia generada por estas instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en España ha sido notable, pero los retrasos en la legalización dificultan su amortización e inversión.
La OCU atribuye estos problemas a procedimientos complejos de las administraciones y prácticas ilegales de las distribuidoras eléctricas. Insta a simplificar los procesos y a detener las prácticas ilegales para impulsar el uso de energías más limpias en el país.
Iniciativas para reducir dependencia energética
Tras puntualizar que la potencia generada por las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en España se multiplicó por dos en 2022, hasta alcanzar los 5.249 MW, la entidad subrayó que dichas “trabas” a su puesta en marcha “empiezan” por los retrasos en su legalización, que, a su juicio, “no hacen sino lastrar la amortización de las instalaciones y desincentivar la inversión”.
“El primer responsable de estos retrasos son las propias administraciones”, advirtió, al tiempo que consideró que, si bien el Decreto de Ahorro energético aprobado por el Gobierno hace poco más de un año “agilizó ciertos trámites, sigue siendo insuficiente”.
A este respecto, estimó que “no es raro encontrar tasas municipales o requisitos técnicos desproporcionados, como los complejos y costosos procedimientos de obra industrial” y que las consejerías de las comunidades autónomas “tampoco parecen muy rápidas a la hora de agilizar las autorizaciones, en contra de lo que establece la Directiva Europea de energías renovables y en la que se basa el decreto”.
Para reducir la dependencia energética y promover energías más sostenibles como la fotovoltaica, se exige a las administraciones un procedimiento más ágil y a las distribuidoras cesar en prácticas ilegales, con amenazas de sanciones ejemplares si no cumplen.
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