Se trata de una línea de ayudas a la que concurrieron 29 entidades con un total de 34 proyectos, de los que resultaron seleccionados 16 proyectos de 15 ONG.
Casi el 30% de los inquilinos españoles reconoce haber tenido un conflicto con su casero por una subida que llegan a considerar “abusiva e injustificada” del precio del alquiler.