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El Govern de las Islas Baleares ha aprobado oficialmente este pasado viernes un nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia de salud pública mediante el cual prohíbe de forma tajante la venta, el suministro y la entrega de bebidas energéticas a personas menores de 18 años. Con esta pionera y contundente resolución regulatoria aprobada por el Ejecutivo autonómico, el consumo, la distribución comercial y la dispensación de estos productos de elevada concentración estimulante pasan a estar sujetos en todo el archipiélago a las mismas restricciones legales, administrativas y operativas que rigen actualmente para las bebidas alcohólicas.
La administración balear ha justificado de manera plenamente rotunda esta contundente prohibición en la necesidad prioritaria de proteger a niños y adolescentes frente a los severos riesgos físicos, metabólicos y neurológicos derivados del consumo continuado de este tipo de refrescos. En virtud del decreto autonómico, se clasifican legalmente como bebidas energéticas todas aquellas bebidas no alcohólicas que presentan un contenido elevado de cafeína, igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros, e incorporan habitualmente azúcares añadidos y otros componentes estimulantes como taurina, guaraná o glucurolactona. Esta norma sigue con rigor el criterio fijado por el Reglamento Europeo de 2011 sobre información alimentaria facilitada al consumidor.
La aprobación de esta estricta restricción responde a la preocupación social y sanitaria creciente ante el preocupante e incesante incremento desmedido del consumo de bebidas energéticas entre la población infantil y juvenil. Según los datos oficiales reflejados en la encuesta Estudes 2023, el 47,7 % de los estudiantes españoles de entre 14 y 18 años admitía haber consumido estos refrescos durante el último mes de forma habitual, mientras que un preocupante 19,5 % reconocía abiertamente haberlos mezclado con bebidas alcohólicas en ese mismo periodo de tiempo analizado.
Importantes riesgos para la salud física y psicológica de los menores
Los expertos en salud pública y pediatría advierten de que la ingesta de estas sustancias es cada vez más frecuente entre los menores de edad, tanto si se consumen de manera aislada como combinadas con alcohol. La ingesta regular de bebidas energéticas no aporta absolutamente ningún tipo de valor nutricional positivo a la dieta y se asocia de forma directa con graves riesgos para la salud, entre los que destacan la obesidad, la diabetes tipo 2 y un incremento notable del riesgo cardiovascular. Asimismo, su consumo continuado provoca picos elevados de presión arterial, alteraciones del sueño, insomnio prolongado, estados de ansiedad, irritabilidad y palpitaciones cardíacas.
Especialmente grave resulta el hábito extendido de combinar estos estimulantes con alcohol en diversos entornos de ocio nocturno. Los profesionales sanitarios explican que la elevada dosis de cafeína contenida en las bebidas energéticas reduce y altera la percepción real de embriaguez en el organismo del consumidor, lo que favorece un consumo alcohólico sustancialmente mayor y multiplica la aparición de conductas de riesgo, accidentes e ingestas masivas de sustancias perjudiciales.
Régimen sancionador por la venta no autorizada de bebidas energéticas a menores
Para garantizar la máxima efectividad de la norma, el texto legal tipifica el incumplimiento de la prohibición de venta, suministro o entrega de bebidas energéticas a menores de edad como una infracción grave dentro de la Ley sobre drogodependencias y otras adicciones de las Islas Baleares. Los servicios de inspección autonómicos y las fuerzas de seguridad velarán por el cumplimiento riguroso de la prohibición en todo tipo de comercios, máquinas expendedoras, supermercados y locales de hostelería.
El régimen sancionador aprobado para los establecimientos o particulares que infrinjan la prohibición contempla multas económicas que oscilan entre los 6.001 y los 60.000 euros, en función de la intencionalidad y la reincidencia continuada de la falta. Con esta rigurosa regulación, Baleares se sitúa a la vanguardia nacional en la protección de la salud pública de los menores frente a las adicciones no alcohólicas y el abuso de estimulantes.
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