Cataluña fue la comunidad con más concursos aunque registró una bajada del 5 por ciento

Madrid, 8 ene (EFE).- Cataluña fue la comunidad autónoma que más concursos de acreedores concentró en 2017, 893, aunque registró una bajada del 4,9 % en el número de procesos respecto al año anterior, según un informe de la consultora Informa D&B.

De hecho, Cataluña acumuló el mayor recorte en valor absoluto, con 46 concursos menos.

Por el contrario, Madrid fue la comunidad en la que más aumentaron los concursos en términos absolutos, 98 más, hasta 801, aunque no en términos porcentuales.

En el conjunto del país, los procesos aumentaron un 2 % en 2017 tras tres años de descensos, hasta los 4.546 concursos.

Las microempresas (compañías con menos de 10 empleados) representaron cerca del 83 % de los concursos registrados en 2017.

Sin embargo, la tasa de concursalidad es más elevada para las firmas de mayor tamaño: los concursos afectan al 0,5 % de las grandes y medianas empresas, al 0,6 % de las pequeñas y al 0,1 % de las microempresas.

El 79 % de los concursos los iniciaron empresas constituidas hace más de 6 años, aunque las que cuentan con una antigüedad de entre 11 y 20 años son las que suman un mayor porcentaje, el 34 %.

Las sociedades que entraron en concurso en 2017 sumaron 39.071 empleados y facturaron 7.000 millones de euros en su conjunto, un 29 % más que las que iniciaron este proceso en 2016.

Según el estudio, el comercio y la construcción fueron los sectores donde se registró el mayor número de procesos.

La construcción alcanzó 1.108 concursos y 6.654 disoluciones, mientras que el comercio registró 1.087 y 5.580, respectivamente.

El año pasado se registraron 26.983 disoluciones, lo que representa una subida del 12 %.

Madrid se situó como la comunidad en la que más empresas desaparecieron el año pasado, concretamente 6.569, un 9 % más que en 2016, seguida de Andalucía, con 5.593 (un 70 % más); la Comunidad Valenciana, con 2.790 (un 1,34 % menos); y Cataluña con 2.132 disoluciones (un 9,12 % menos).

Las empresas afectadas por las disoluciones daban trabajo a 79.449 personas y su cifra de negocio era de 17.400 millones, un 48 % menos que el año anterior.