La nueva normativa, bajo la apariencia de una mayor fiscalización, impone restricciones asfixiantes a las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en peligro directo la asistencia y defensa del colectivo LGBTI.
A pesar de tener una Ley de Identidad de Género pionera, los fallos informáticos y la falta de actualización de datos en el sistema público dejan los derechos de las personas trans en un limbo legal y administrativo.
La probabilidad de que la población Lgtbi+ vaya a votar a unas elecciones este año es del 51,5 %, lo cual refleja una mayor desmotivación entre el colectivo.
