A pesar de tener una Ley de Identidad de Género pionera, los fallos informáticos y la falta de actualización de datos en el sistema público dejan los derechos de las personas trans en un limbo legal y administrativo.
La probabilidad de que la población Lgtbi+ vaya a votar a unas elecciones este año es del 51,5 %, lo cual refleja una mayor desmotivación entre el colectivo.
España refuerza su compromiso con la igualdad en el entorno laboral con el Real Decreto 1026/2024, que obliga a las empresas de más de 50 empleados a implementar un Plan de medidas LGTBI antes del 10 de abril de 2025.
