La Plataforma del Tercer Sector reclama una actualización de la Constitución para priorizar los derechos sociales

En el marco de la onomástica por la celebración del aniversario de la Constitución española, la Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a casi 28.000 entidades sociales, pide proteger los derechos sociales en nuestra Constitución. Así mismo, han recalcado la necesidad de una reforma de la Carta Magna al considerar “necesario, prioritario y urgente” reforzar la protección de estos derechos y más teniendo en cuenta la situación “socialmente crítica” que ha ocasionado la Covid-19.

Es necesario elevar los derechos sociales a la categoría de “fundamentales”,  de acuerdo a las cartas y tratados internacionales.

El Estado Social tras la reforma de la Constitución

Con la reforma que propone la PTS, habrá una garantía para la defensa, protección y promoción de los derechos de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables. Con esta modificación, según propone la PTS, se logrará un verdadero Estado social.

Desde la Plataforma del Tercer Sector se espera que el Gobierno atienda “los problemas reales de la sociedad”. Exigen que se dé prioridad a las políticas sociales y que el Ejecutivo ponga atención para activar las demandas que desde el Tercer Sector se reclaman.

Se aspira además, a que haya consenso político para poder avanzar en esta reforma social de la Constitución. En esta línea, Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, subrayó que “necesitamos acuerdo y compromiso de las formaciones políticas para avanzar en derechos”.

Prioridad a los derechos sociales en el marco de una pandemia sanitaria

El presidente de la plataforma señaló que “el objetivo de la reforma es dignificar la vida de la ciudadanía en su conjunto, pero especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido al aumento de la desigualdad y la disminución del bienestar, que se ha agravado debido a la pandemia”.

Otro de los temas que la PTS contempla como necesarios en la reforma de la Constitución, es la importancia de que el texto constitucional reconozca el papel de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. En este punto, Poyato subrayó que “la Constitución debe hacer un ejercicio de reconocimiento hacia las organizaciones sin ánimo de lucro, surgidas de la iniciativa social, que trabajan por el interés general. Los poderes públicos tienen que hacer una labor de reconocimiento del diálogo civil”.

El derecho a la accesibilidad cognitiva

En cuanto al derecho a la información y acceso a la comunicación, Plena Inclusión ha demandado la regularización de la accesibilidad cognitiva. 

En concreto, el colectivo de Plena Inclusión ha exigido que este derecho se reconozca de modo explícito en el ordenamiento jurídico español para no quedar invisibilizado en una definición más general como es la de la accesibilidad universal.

El evento online en el que se reclamó este derecho se llevó a cabo bajo el lema: "Accesibilidad Cognitiva YA". Contó con los discursos de integrantes del equipo de líderes con discapacidad intelectual o del desarrollo, de Plena inclusión, así como de representantes del Cermi y de la Junta Directiva de Plena inclusión, Jesús Martín y Maribel Cáceres.

Desde hace tres años, el Cermi y Plena inclusión demandan la mención explícita de la accesibilidad cognitiva en el ordenamiento jurídico. El pasado junio, el Senado admitió a trámite la reforma de la Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad para incluir esa mención. Sin embargo, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos han presentado enmiendas en contra.