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Diez años después ha quedado resuelto el incidente del cierre del espacio aéreo por parte de los controladores aéreos.
La magistrada titular del Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Torrejón como autores de un delito de abandono de servicio público, en la macrocausa seguida por el caso del cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010.
Los controladores condenados tendrán que pagar multas de entre 15.000 y 31.500 euros, así como el gestor aeroportuario por el cierre del espacio aéreo.
Controladores aéreos en el banquillo
Este juicio comenzó en enero del presente año, diez años después del incidente. En total han sido 133 los controladores aéreos acusados de abandonar sus puestos en la citada fecha y crear un “caos” que afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, lo que provocó que por primera vez en democracia el gobierno decretara un estado de alarma en un Consejo de Ministros extraordinario.
Durante estos meses, 117 de los 133 acusados ya habían alcanzado un acuerdo con la fiscalía para rebajar sus penas al inicio del juicio y aceptaron las multas correspondientes.
La magistrada ha concluido que, “en el puente de diciembre del año 2010, los controladores de tránsito aéreo acusados en este procedimiento, adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo y ello bajo la dirección de los miembros de la Junta directiva y delegados sindicales del sindicato Usca”.
La sentencia de la Juez indica que: “depusieron los 133 acusados, todos ellos controladores de tránsito aéreo, de los cuales 119 reconocieron haber participado en los hechos contenidos en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, en el que se recoge que la Junta Directiva y delegados locales del sindicato USCA plantearon el modo de actuar para ejercer presión sobre AENA y el Gobierno de España, acordando que, a partir del turno de tarde del día 3 de diciembre, todos o la mayor parte de los controladores que estuvieran dispuestos a seguir la protesta, firmaran la declaración jurada a que se refiere el art. 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea”.
“Disminución significativa de sus capacidades psicofísicas”
“Así, entre las 17.00 horas y las 17.15 horas (hora local), la totalidad de los controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que cada uno a su manera, alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo”.
Las consecuencias
La magistrada en su auto, expone que “la actuación de los controladores aéreos no sólo afectó a los ciudadanos que no pudieron viajar el puente de diciembre del 2010, sino que también se derivaron graves consecuencias económicas para el turismo de la comunidad de Madrid, en uno de los puentes del año con mayor afluencia de viajeros en la ciudad, aunque en el capítulo indemnizatorio no se reclama cantidad alguna por este concepto, a pesar de que fueron numerosas las cancelaciones de reservas de hotel, derivadas de la actuación de los controladores civiles” que buscaban “el máximo estruendo”.
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