09/03/2023 - 11:00
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El gobierno español ha aprobado recientemente la Ley de Denunciantes, una nueva medida que busca combatir la corrupción en el país. La ley no solo se aplica a las empresas, sino también a los partidos políticos, los cuales deberán tener un canal de denuncia interno para que los ciudadanos puedan denunciar actividades ilícitas de manera segura.
La Ley de Denunciantes establece protecciones para aquellos que denuncien actos de corrupción, incluyendo la confidencialidad y la prohibición de represalias. Además, las denuncias podrán ser anónimas, lo que incentivará a los ciudadanos a informar sobre irregularidades sin temor a represalias.
Esta medida se considera un gran avance en la lucha contra la corrupción en España
La Ley de Denunciantes permitirá identificar y sancionar a los responsables de actividades ilícitas. Además, se espera que fomente la transparencia y la rendición de cuentas en las empresas y los partidos políticos.
Es un importante paso en la lucha contra la corrupción en España, y su aplicación efectiva podría marcar una gran diferencia en la prevención de prácticas ilegales. Con esta medida, se espera que se fomente una cultura de integridad y responsabilidad en todas las organizaciones, incluyendo a los partidos políticos.
El PSOE y PP son dos de los principales partidos políticos que, a priori, ya cuentan con un canal interno de denuncias, mientras que Vox y Ciudadanos apuestan por un “canal ético” en el que informar sobre infracciones. Por su parte, Unidas Podemos no especifica en sus documentos internos un mecanismo para proteger a los denunciantes.
Los casos de corrupción alrededor de los partidos políticos no han sido pocos en la historia de la democracia española
El último que se investiga y denominado “Mediador” ha afectado, presuntamente, al PSOE. Pero al igual que existe la corrupción, también existen herramientas para combatirla. La última, aprobada a finales de febrero, es la ley de protección a los denunciantes o Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
España tenía la obligación de aprobar la norma tras una directiva de la Unión Europea de 2019 que pretendía unificar la legislación de los países miembros en cuanto a los denunciantes de corrupción, también conocidos como whistleblowers.
En cualquier caso, con la ley de denunciantes aprobada, y tal y como recoge la norma en su título III, España deberá crear una Autoridad Independiente de Protección del Informante, pero que según las expertas consultadas, debe desvincularse de los partidos políticos.
La ley recoge sanciones de hasta un millón de euros por no proteger a los denunciantes, también si son de partidos políticos
Desde los mil hasta el millón de euros. La ley de denunciantes también fija una horquilla económica a las sanciones que pueden derivar de no cumplirla, algo que también podría afectar a los partidos políticos si no protegen a las personas que revelen casos de corrupción. Y más aún si toman represalias contra los denunciantes (artículo 63).
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