Lectura fácil
La crisis del agua ya no es un problema asociado únicamente a las regiones más áridas del sur de Europa. Greenpeace advierte de que la falta de recursos hídricos se ha extendido por buena parte del continente y está afectando con especial intensidad a territorios del norte de España tradicionalmente vinculados a un clima húmedo, como Asturias y Galicia. Según la organización ecologista, las abundantes precipitaciones registradas durante el invierno y la primavera generaron una sensación engañosa de seguridad, pero las altas temperaturas del verano y una demanda creciente han reducido rápidamente las reservas disponibles.
La denuncia coincide con el inicio de la 17ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17), que se celebra esta semana en Ulán Bator, Mongolia. Bajo el lema “Restaurar la tierra, restaurar la esperanza”, representantes de más de 190 países analizan estrategias para combatir la degradación del suelo y afrontar el avance de la desertificación, un fenómeno que ya tiene consecuencias directas sobre el abastecimiento de agua y la actividad económica.
Las lluvias ocultaron un problema estructural de la crisis del agua
Greenpeace sostiene que las precipitaciones de los primeros meses del año no resolvieron el déficit hídrico acumulado, sino que únicamente retrasaron la percepción de una crisis del agua que continúa agravándose. La combinación del calor extremo y un consumo que la ONG considera insostenible ha provocado un descenso acelerado de embalses, acuíferos y caudales fluviales.
Para la organización, el verdadero error consiste en actuar únicamente cuando aparecen las restricciones. Su mensaje es claro: las sequías deben prepararse durante los periodos de abundancia, mediante una planificación preventiva y una gestión eficiente de la demanda, en lugar de recurrir exclusivamente a medidas de emergencia cuando el agua ya escasea.
Uno de los aspectos más llamativos de esta situación es que afecta a comunidades acostumbradas históricamente a disponer de abundantes recursos hídricos.
En Asturias, la falta de agua en los pastos de montaña está poniendo en dificultades a numerosas explotaciones ganaderas. En varias localidades del municipio de Siero, tanto vecinos como ganaderos dependen del suministro mediante camiones cisterna privados, cuyo coste puede alcanzar los 200 euros por cada cuba de agua. El colectivo Asturias Ganadera reclama soluciones urgentes para garantizar el abastecimiento en las zonas de montaña y evitar un mayor impacto sobre la actividad agropecuaria.
Galicia atraviesa una situación igualmente delicada. Augas de Galicia mantiene la alerta por escasez en cerca del 80 % de los municipios de la comunidad. Las administraciones locales de áreas como Vigo, Pontevedra y A Coruña han recibido la petición de reducir un 15% el consumo urbano. Además, numerosos ayuntamientos han prohibido actividades consideradas no esenciales, entre ellas el riego de jardines, el lavado de vehículos y el llenado de piscinas, mientras ríos como el Lérez registran niveles mínimos.
Embalses y acuíferos bajo presión en otras comunidades
El problema no se limita al litoral atlántico. La Rioja y Navarra también experimentan un descenso significativo de las reservas almacenadas en sus embalses, una circunstancia que está generando efectos económicos inmediatos sobre el sector primario.
La reducción de la disponibilidad de agua ha tensionado el mercado de la paja y los forrajes en el norte peninsular, incrementando los costes de producción para agricultores y ganaderos y sembrando incertidumbre sobre la viabilidad de muchas explotaciones de cara al otoño.
En Baleares, la situación es especialmente preocupante en Mallorca, donde las reservas hídricas globales han descendido hasta el 39%. La presión del consumo durante el pico de la temporada estival mantiene numerosos acuíferos al límite de su capacidad, aumentando el riesgo de deterioro de unas reservas subterráneas consideradas estratégicas.
La organización ecologista atribuye esta crisis del agua a un sistema de gestión del agua que considera desfasado y excesivamente orientado a la sobreexplotación de los recursos. Según denuncia, la expansión de la agroindustria intensiva, las captaciones excesivas de ríos y acuíferos y la escasa inversión en infraestructuras urbanas han debilitado la capacidad del país para afrontar periodos prolongados de sequía.
Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace España, afirma que el problema no puede resolverse únicamente con medidas simbólicas durante el verano, sino reduciendo la demanda cuando los embalses aún disponen de recursos suficientes. La ONG recuerda además que alrededor del 30 % del agua potable puede perderse por fugas en redes de distribución deterioradas, un desperdicio que considera incompatible con el contexto climático actual.
Una crisis del agua que también afecta al resto de Europa
El deterioro de la situación hídrica trasciende las fronteras españolas. Greenpeace subraya que varios de los grandes ríos europeos registran caudales históricamente bajos, una circunstancia que ha repercutido incluso en el sistema energético.
Países como Francia, Hungría y Rumanía se han visto obligados a reducir la potencia o detener temporalmente la actividad de algunas centrales nucleares debido a la falta de agua necesaria para refrigerar los reactores. Mantener la producción en esas condiciones habría elevado la temperatura de los cauces por encima de niveles compatibles con la conservación de los ecosistemas acuáticos.
Ocho medidas para cambiar el rumbo
Coincidiendo con la celebración de la COP17, Greenpeace reclama al Gobierno de España y a las comunidades autónomas abandonar las respuestas improvisadas y adoptar reformas estructurales para aumentar la resiliencia frente a la crisis del agua.
Entre sus principales propuestas figuran impulsar un acuerdo internacional vinculante sobre gestión preventiva del agua, reducir de forma drástica la demanda de la agroindustria ajustándola a la disponibilidad real del recurso, priorizar la ganadería extensiva y familiar, reparar con urgencia las redes municipales de abastecimiento y garantizar el cumplimiento de los caudales ecológicos en ríos y humedales.
La organización también exige el cierre inmediato de pozos y extracciones ilegales, la protección de los acuíferos frente a la contaminación por nitratos y purines, el abandono de nuevos embalses y trasvases como solución prioritaria y la paralización de macroproyectos turísticos o recreativos de elevado consumo de agua en zonas sometidas a estrés hídrico ante esta actual crisis del agua.
Para Greenpeace, la imagen de camiones cisterna abasteciendo pueblos asturianos o las restricciones de agua potable en Galicia demuestra que el cambio climático ya está alterando profundamente la disponibilidad del recurso. La entidad concluye que garantizar el agua del futuro dependerá menos de las lluvias y mucho más de una gestión preventiva, eficiente y adaptada a los límites reales del territorio.
Añadir nuevo comentario