Los grados II y III de dependencia podrán dar lugar al reconocimiento del 65 % de discapacidad, el umbral que abre la puerta a la jubilación anticipada y a las mayores ventajas fiscales.
Las familias siguen siendo las principales responsables de financiar los cuidados de larga duración en España. En 2025 aportaron 65.000 millones de euros, frente a los 37.000 millones destinados por las administraciones públicas.
El servicio de teleasistencia dejará de depender de la disponibilidad de cada comunidad autónoma y podrá incluir dispositivos como pulseras geolocalizables.
El Gobierno aprueba un cambio histórico en el sistema de dependencia para permitir que personas sin lazos familiares directos cobren y coticen por cuidar.
Las familias de personas con discapacidad intelectual piden que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad se traduzca en mejoras reales y recursos suficientes.
