El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ofrece apoyo profesional en el hogar a personas con dependencia para facilitar su autonomía en actividades cotidianas.
Los grados II y III de dependencia podrán dar lugar al reconocimiento del 65 % de discapacidad, el umbral que abre la puerta a la jubilación anticipada y a las mayores ventajas fiscales.
Las familias siguen siendo las principales responsables de financiar los cuidados de larga duración en España. En 2025 aportaron 65.000 millones de euros, frente a los 37.000 millones destinados por las administraciones públicas.
El servicio de teleasistencia dejará de depender de la disponibilidad de cada comunidad autónoma y podrá incluir dispositivos como pulseras geolocalizables.
