La pandemia agudiza la desigualdad sanitaria en países como Nepal

El Gobierno de Nepal ha bajado el coste de los test PCR en plena ola de contagios de la Covid 19 causados por la variante ómicron. La medida es una forma de incentivar a la ciudadanía a hacerse las pruebas y controlar el excesivo aumento de casos. No obstante, la desigualdad sanitaria en el país del Himalaya es la realidad de cada día.

En los centros sanitarios públicos la rebaja ha sido de 8,37 a 6,70 dólares, y más o menos el doble en el sector privado.

A juicio de Baburam Marasini, antiguo director de la División de Epidemiología y Control de Enfermedades del Gobierno de Nepal, "el Gobierno debería hacer pruebas PCR gratuitas en todo el país a aquellos que tengan síntomas".

Masarini declaró al diario Kathmandu Post que "las personas con renta baja no pueden permitirse la prueba. Si cuatro miembros de una familia tienen síntomas, solo las pruebas de PCR supondrían un agujero en sus ingresos", puntualizó.

Una estrategia de vacunación poco ética

El citado epidemiólogo recordó que el tratamiento gratuito de enfermedades como la tuberculosis, la malnutrición y la malaria ha salvado muchas vidas en su país; y señaló que en los últimos años se ha proporcionado tratamiento gratuito para un número cada vez mayor de enfermedades crónicas a miembros de grupos vulnerables, como la población más afectada por la pobreza, los adultos mayores y los niños.

Sin embargo, la desigualdad sanitaria es una situación imperante en ese país asiático situado entre China e India, con una población cercana a los 32 millones de personas, según el diagnóstico de la agencia Inter Press Service.

En un documento informativo sobre el derecho a la salud en Nepal durante la pandemia, la Comisión Internacional de Periodistas (CIJ) argumentó que el gobierno debe "garantizar que los servicios, instalaciones y bienes de salud estén disponibles para todos sin discriminación, y apostar por el acceso universal al nivel mínimo esencial de servicios, instalaciones y bienes de salud".

El documento de la CIJ, actualizado en septiembre de 2021, señala que se había planificado la distribución prioritaria de las vacunas contra la Covid 19 a los miembros de los grupos más vulnerables. Sin embargo, se hizo eco de algunos informes publicados en medios de comunicación según los cuales la vacunación contra la Covid 19 en Nepal había seguido caminos de dudosa ética.

En concreto, dichos informes alertaban sobre la utilización de vacunas asignadas a las personas mayores para inocular a líderes de los partidos políticos, representantes locales y personal del ejército, sus familiares y amigos; así como a los administradores, las familias de los empresarios y sus parientes".

El artículo 35 de la Constitución de Nepal garantiza "el derecho a la atención sanitaria", y establece que “cada persona tendrá igual acceso a la atención sanitaria".

Asimismo, la Carta Magna nepalí exige que el país "siga aumentando la inversión necesaria en el sector de la salud pública por parte del Estado para que los ciudadanos estén sanos, y garantice el acceso fácil, conveniente e igualitario de todos a servicios sanitarios de calidad".

Un precepto incumplido, señala la CIJ, ya que las investigaciones realizadas antes de la pandemia revelaron que "la atención sanitaria de alta calidad no era universalmente accesible en Nepal y, en general, solo la disfrutaban unos pocos afortunados, una parte pequeña y elitista de la población”.

La conclusión de la CIJ es que “el acceso a la atención sanitaria en el país es desigual y el sistema sanitario se enfrenta a una escasez perenne de recursos, medicamentos esenciales e infraestructura médica necesaria".

La desigualdad sanitaria en Nepal

Prakash Raj Regmi, un reconocido cardiólogo nepalí, ha asegurado que vive a diario el impacto de la desigualdad sanitaria. “En el proceso de investigación, en el proceso de tratamiento, e incluso la gente de clase media se enfrenta a algunas dificultades".

El citado especialista de corazón precisó que la mayoría de sus pacientes padecen múltiples enfermedades no transmisibles (ENT), como las cardiovasculares, la diabetes y los problemas renales y cardíacos, cuyo diagnóstico requiere numerosas pruebas y suelen necesitar múltiples tratamientos.

Además, los pacientes necesitan someterse a varias investigaciones: pruebas de laboratorio, radiografías, ecografías y ecocardiografías. Es posible que necesiten una angiografía coronaria, una tomografía computarizada o una resonancia magnética, y recordó que "todas estas investigaciones son muy costosas”.

Aunque la calidad de los medicamentos disponibles está mejorando, también se ha encarecido, por lo que algunos pacientes dejan de utilizarlos antes de tiempo, añadió Regmi. Como ejemplo, explicó que "cuando a un paciente se le da un plazo de seguimiento de tres meses, solo acude a los seis meses a la consulta, y durante ese tiempo ha dejado de usar dos de los cuatro fármacos recetados, por lo que desarrolla complicaciones”.

Pese a que este cardiólogo puede ofrecer ayuda económica, tanto en su clínica privada como en la clínica comunitaria sin ánimo de lucro en la que también trabaja, Regmi ignora cuántos otros médicos hacen lo mismo.

“En mi clínica privada también me considero un trabajador social; si las personas que acuden a recibir tratamiento no se lo pueden costear, me preocupo de apoyar a esos pacientes y encontrar una solución".

Más allá de la necesidad de estos mecanismos informales, Regmi destacó que en la actualidad se ha reducido el número de pacientes que necesitan ayuda económica en relación con años anteriores, y que los que pueden permitírselo suelen optar por acudir a centros privados menos concurridos.

Escasa inversión preventiva

Diversos avances han contribuido a mejorar los servicios del sistema gubernamental: un nuevo plan nacional de seguro de salud, la devolución de algunas responsabilidades sanitarias a las provincias y municipios tras la transición de Nepal al federalismo en 2017, y el tratamiento gratuito de algunas enfermedades crónicas para la población más empobrecida, los niños y los ancianos.

“Aunque estas medidas han beneficiado a los pacientes que no pueden permitirse el tratamiento, la mayoría de ellos son pobres y estas enfermedades no transmisibles requieren un tratamiento de por vida”, argumentó Regmi.

A juicio del especialista, “el gobierno debería centrarse en la prevención en paralelo a la provisión de tratamiento, pero la inversión en prevención es muy escasa”.