El Gobierno andaluz fomenta la contratación de 13.200 personas con discapacidad

La Junta de Andalucía convoca unas ayudas por más de 61 millones de euros para contratar alrededor de 13.200 personas con discapacidad en la comunidad.

El Gobierno andaluz apoya a las personas con discapacidad

El diputado autonómico Rafael Caracuel, representante del Grupo Popular en la comisión de Discapacidad del Parlamento de Andalucía, ha destacado "una vez más la labor que hace el Gobierno que preside Juanma Moreno por aquellos que más lo necesitan".

Caracuel se ha referido a las personas con discapacidad, "que en las actuales circunstancias se están viendo especialmente afectadas". En este sentido, ha precisado que el Gobierno andaluz "respalda y apoya decididamente a este colectivo" al convocar unas ayudas por valor de 61,47 millones de euros "para la contratación de alrededor de 13.200 empleos para personas con discapacidad», según ha informado la Junta.

Incentivos para la creación de puestos de trabajo indefinidos en Andalucía

Estas ayudas disponen de un incentivo que supera los 12.000 euros para la creación de cada puesto de trabajo indefinido y la transformación de un contrato temporal en indefinido.

"Queda muy claro que una de las apuestas principales del Gobierno del cambio de Juanma Moreno es el empleo, y ante esta situación tan complicada vemos que se puede trabajar y gestionar la crisis de forma muy diferente a cómo la ha gestionado el Gobierno central", ha subrayado el diputado popular.

Creación de empleo en tiempos de crisis

Caracuel ha destacado que el Gobierno andaluz "puso su primer eje en salvaguardar la salud de todos, pero teniendo muy presente el mantenimiento y la creación de empleo".

Ha insistido Caracuel, "es muy importante esta ayuda para el colectivo del tercer sector como hablamos el colectivo de personas que tengan un 33% de discapacidad o superior".

Polémica en la contratación de vigilantes de la playa

Por otro lado, un total de ocho asociaciones de personas con discapacidad han denunciado ante la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz que la Junta de Andalucía habría "vulnerado la normativa" que exige reservar un 10 por ciento de plazas para personas con discapacidad en el procedimiento para la selección de 3.000 vigilantes de playa, lo que habría "privado a al menos 300 personas de un puesto de trabajo".

El escrito de queja indica que, según la información recabada por los colectivos, en las "búsquedas" en cada una de las bolsas de trabajo, la Junta "no ha realizado ningún filtro para detectar a los demandantes de empleo con discapacidad que hay" pese a tener las bolsas "carácter preferente a la hora de conseguir aspirantes para los puestos de trabajo a cubrir".

Añade, en esta línea, que "decenas" de personas con discapacidad en cada una de las provincias costeras andaluzas se han puesto en contacto con las asociaciones del tercer sector "para indicar que no se les ha avisado" en este proceso selectivo público de personal laboral aunque sí estaban "inscritos en dichas bolsas de trabajo", vía preferente para la sección de aspirantes.